MONTERREY, NL. (apro).- Empresarios de la industria de la transformación en Nuevo León externaron su rechazo a la Ley Eléctrica, recién aprobada, y anunciaron que emprenderán una defensa legal a través de amparos para protegerse contra sus efectos pues, consideran, afectan la inversión y el medio ambiente.

Los integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León se mostraron preocupados por la inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación de las enmiendas, que "frenarán la mejora de fuentes de energía que el país requiere para prosperar", según señalaron en un pronunciamiento conjunto.

Tras la reunión que sostuvieron este jueves con integrantes del departamento legal del organismo, así como despachos especializados, los empresarios denunciaron que la nueva Ley atenta contra la ecología, al priorizar la generación de energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad y sus plantas productivas que, además de ser ineficientes, emplean combustibles fósiles altamente contaminantes.

Además, los cambios recientemente aprobados provocarán un impacto considerable en la inversión nacional y extranjera en el sector, pues lastiman el estado de derecho y generan incertidumbre entre los inversionistas, por los altos sobrecostos en la producción de energía.

Consideraron que estos incrementos golpearán severamente la economía ya sea de los contribuyentes, al incrementar el gobierno los subsidios, que emanan de los impuestos de la sociedad, o a través de mayores impuestos que pagarán las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Con un incremento esperado de un 18% en promedio del costo de la energía en México, posiblemente sea el usuario el que termine pagando los costos que generará la nueva Ley propuesta al Congreso, el 1 de febrero, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante las condiciones adversas que anticipan a esta reforma, los socios de Caintra NL preparan mecanismos jurídicos de defensa, principalmente a través de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que deberán ser conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciaron.

De ser necesario recurrirán, incluso, a medios de defensa internacionales por derechos previamente adquirieron empresas nacionales y extranjeros, y que ahora son vulnerados.

“Caintra continuará con la generación de espacios de diálogo para acompañar a los socios que deseen explorar las alternativas que salvaguarden sus derechos. Al mismo tiempo mantendrá su llamado por la creación de una política robusta, con visión de futuro, certera, transparente y de trabajo e inversión conjunta entre gobierno e iniciativa privada”, concluyen.