CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proceso electoral en el puerto de Acapulco se adelantó y los grupos delictivos tiñeron de sangre el principal destino turístico de la entidad donde esta semana fueron ejecutadas al menos una decena de personas en plena zona de playa.

Al respecto, la alcaldesa porteña Adela Román Ocampo afirmó que la ola de violencia que se desató estos días en Acapulco está relacionada con el proceso electoral y tiene como objetivo sembrar terror entre la sociedad.

“Quienes conocen los procesos electorales saben que se incrementa la violencia previa a los comicios y que muchas veces a algunos agentes de la sociedad les interesa que no participe la gente, les interesa inhibir el voto. Entonces nosotros hacemos la tarea pero hay intereses especiales que quieren que la gente no vaya a eventos políticos”, expresó la edil postulada por Morena.

Reportes oficiales, indican que esta semana fueron ejecutadas al menos una decena de personas en distintos puntos de la franja turística y la zona conurbada de Acapulco donde han sido desmembrados tres hombres y una mujer que vendía dulces en la playa, acribillada a tiros.

Este hecho advierte que los grupos delictivos están “calentando la plaza”, al exhibir los cuerpos en espacios públicos y cometer los crímenes en la zona turística del puerto donde hasta hace unas semanas había un pacto para no afectar la imagen del principal balneario de Guerrero, indicó una fuente consultada por este reportero.

De forma paralela, la clase política porteña está agitada en el contexto del proceso electoral para renovar el ayuntamiento y los espacios en el Congreso local y federal.

Por un lado, la alcaldesa porteña Adela Román, se alista para buscar la reelección pero el ex delegado del gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros busca ser el candidato a presidente municipal de Acapulco por Morena, luego de que no pudo ser el abanderado a la gubernatura de Guerrero.

Mientras, el ex diputado federal priista Ricardo Taja Ramírez, hermano del actual director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg), Javier Taja, se perfila para ser el candidato del tricolor a la alcaldía de Acapulco.

Los hermanos Taja Ramírez son considerados como los principales operadores del gobernador Héctor Astudillo Flores, además de administrar la obra pública en la entidad han sido acusados públicamente en narcomantas de realizar presuntos negocios al amparo del poder junto a los hijos del mandatario estatal.

En octubre de 2019, la agencia de Proceso informó que en diciembre de 2018, el gobierno estatal había condonado adeudos fiscales por más de 28 millones de pesos a la empresa Grupo Inovador Constructor de Guerrero, propiedad de Javier Taja Ramírez.

Lo anterior, a pesar de que la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal (Sefina), determinó que en 2014 la constructora del actual funcionario estatal incurrió en omisiones fiscales y fue acusada de realizar “operaciones simuladas” para deducir el pago de impuestos a través de una red de empresas subcontratadas, como Comercare; Desarrollo Inmobiliario LB y Martha Beatriz Hernández Ramos, indican documentos oficiales obtenidos por Proceso

Incluso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene consideradas a las empresas subcontratadas por Javier Taja como “contribuyentes de riesgo” debido a que se comprobó que “no tienen empleados, activos, infraestructura o capacidad material para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes que amparan los comprobantes fiscales”, refieren los documentos oficiales.

Además, en enero de 2020, Proceso informó que el gobierno de Astudillo utilizó recursos federales para la ejecución de obra pública en regiones controladas por el narcotráfico, donde la confrontación entre grupos armados ha exhibido presuntos nexos de autoridades locales con la delincuencia.

Las 59 obras que el Congreso local aprobó al Ejecutivo en diciembre de 2019, cuyo monto total asciende a 595 millones 130 mil pesos, serán ejecutadas por el director de la CICAEG, Javier Taja Ramírez y la planeación de la millonaria inversión federal está enfocada en la construcción de pequeñas obras de infraestructura carretera y puentes, así como la rehabilitación de tramos reducidos que van de uno a siete kilómetros, y en algunos casos el costo se eleva hasta 18 millones por cada kilómetro, según documentos oficiales.