XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).­– La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) asumió indefinidamente el control de la seguridad en el municipio de Orizaba, desarmó de los elementos de la Policía Municipal y detuvo a dos elementos.

Esta requisa ocurre días después de que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscaran a elementos de la Policía Estatal, acribillando a tres elementos e hiriendo de gravedad a uno más. Entre los policías abatidos se encontraba la oficial Rita Cecilia Romero Vicon, de 24 años y quien apenas había egresado de la Academia de Policía de “El Lencero” en noviembre pasado.

El control de la Policía Estatal en Orizaba, explicó la SSP, será mientras tiene lugar la verificación del cumplimiento de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego por los elementos municipales.

En este sentido, la Policía Estatal y Fuerza Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), pasaron revista a los efectivos e inspeccionaron el armamento a su cargo, a fin de descartar que lo hayan empleado en la comisión de ilícitos.

Asimismo, durante un recorrido por la calle Oriente 31 de la colonia CROM, aprehendieron a los oficiales en activo, Juan “N” y Juan Carlos “N”, por presuntos delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad.

Extraoficialmente se logró conocer que un comandante de la Policía Municipal con la clave de “Fantomas” se dio a la fuga; se trata de un objetivo prioritario para el gobierno estatal.

“A los orizabeños, les informa que su seguridad está garantizada, ya que la SSP mantendrá operativos preventivos aéreos y terrestres, fortaleciendo el combate a la impunidad y delincuencia”, explicó el boletín oficial.

En la requisa hubo momentos de alta tensión, pues medio centenar de policías municipales de Orizaba se atrincheró al interior del Palacio Municipal para evitar que fueran trasladados a la capital del estado detenidos o a la Academia de Policía de El Lencero.

En las inmediaciones del Palacio Municipal, familiares de los oficiales locales protestaron contra lo que consideraron un acto de arbitrariedad, pues aseguraron que sus seres queridos contaban con todas las pruebas y exámenes de control y confianza que exige la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional.