TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, detenido y encarcelado en julio del año pasado, pidió hoy a la Fiscalía General del estado (FGE) que acelere el proceso de reparación integral del daño, luego de que el pasado 21 de enero esa instancia aceptó todos los términos de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 30 de noviembre de 2020, la CNDH emitió la recomendación número 70 por las violaciones a los derechos humanos y a la seguridad jurídica, a la legalidad, libertad personal, al honor y a la dignidad en contra de Grajales Yuca, quien fue detenido y acusado de hacer uso indebido de sus funciones públicas como responsable del área Covid en el Hospital Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).

La hija de un político influyente que falleció por coronavirus, luego de permanecer en esa área –que más tarde se supo era una zona VIP para políticos, funcionarios, empresarios y otros particulares adinerados--, demandó a Grajales yuca ante la FGE, instancia que de inmediato aprehendió al médico afuera de su domicilio, con engaños orquestados por mandos directivos del ISSTECH.

La captura del galeno destapó la cloaca y se supo que existía un área Covid-VIP para políticos y funcionarios, mientras decenas de ciudadanos no encontraban un lugar para ser atendidos. La comunidad médica a nivel local y nacional se movilizó y condenó la acción de la FGE en Chiapas en contra del galeno, y exigió su inmediata libertad.

Tras varias marchas, el galeno finalmente quedó libre, pero la CNDH atrajo el caso y emitió una recomendación donde exige a la FGE, entre otras cosas, que se brinde al médico la reparación integral por los daños causados e incluya la compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a derechos humanos evidenciadas, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

Asimismo, que se le inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, y se le otorgue la atención médica y psicológica necesaria con base en las consideraciones planteadas.

También pidió diseñar e impartir en el término de tres meses siguientes a la aceptación de la recomendación, un curso integral dirigido a los agentes del Ministerio Público de la FGE, en particular a los adscritos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos.

El pasado 21 de enero la FGE notificó a la CNDH que aceptaba la recomendación en todos sus términos, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, y Grajales Yuca exigió su cumplimiento inmediato.

Explicó que, entre otras cuestiones, es importante su incorporación al sector salud público para poder ayudar a personas contagiadas que necesitan sus servicios.

Señaló que de forma particular sigue trabajando, pero no es lo mismo hacerlo desde el sector público, donde hay todo el equipo e insumos necesarios para ayudar a la gente más necesitada.

La FGE –abundó-- hizo bien en aceptar la recomendación, pero es urgente que se inicie el proceso de reparación integral para ya empezar a cerrar este ciclo judicial del que fue víctima.

Tras destacar que la FGE –encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca-- violó todos sus derechos humanos, Grajales Yuca planteó la urgente necesidad de respetar la labor de todos y cada uno de los médicos, porque contrario a otros países donde se han instrumentado mecanismos legales para protegerlos, dijo, acá en Chiapas se les persigue y criminaliza su labor.