PUEBLA, Pue., (apro).- En lo que calificó como un “chaleco a modo”, el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, dijo que la denuncia en su contra por violencia intrafamiliar no fue presentada por su esposa, sino por policías municipales y de seguridad privada.

En diversas entrevistas en medios locales, Romero Serrano aseguró ser objeto de una persecución política, aunque evadió señalar si el fondo era obligarlo a renunciar a su cargo en la ASE y si el autor de esa supuesta campaña en su contra era el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El auditor, quien hasta hace apenas unos meses era cercano al mandatario estatal, aseguró que la Fiscalía General del Estado aprovechó un conflicto familiar que tuvo con su esposa, para desatar un hostigamiento contra su familia.

Contó que incluso su esposa recibió llamadas del Ministerio Púbico para insistirle que presentara una denuncia en contra de él, por una discusión que tuvieron el 26 de octubre, pero que no lo hizo.

De acuerdo a algunos medios, la jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio de Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, giró orden de aprehensión en contra de Romero Serrano a causa de actos de violencia que había cometido contra su esposa, su hijo y hasta la nana.

Sin embargo, la esposa del funcionario salió a los medios a desmentir que ella haya presentado la denuncia y justificó el problema que tuvo con su esposo fue una discusión de pareja “como en cualquier familia”.

Serrano rechazó que haya usado armas y violencia física y psicológica contra su familia, como publicaron algunos medios de comunicación.

En tanto que su esposa, Joseline, denunció que, como parte de esto, elementos de la Policía Ministerial se presentaron armados en la escuela de su hijo, quien recibe atención especial por tener autismo.

Dijo que la directora de la escuela le notificó que los policías pidieron a la institución un expediente del niño para saber si tenía sintomatología del síndrome de maltrato.

Algunos medios han publicado que el fondo de esta orden de aprehensión contra Romero es orillarlo a renunciar a la ASE, cargo que ocuparía hasta 2026.

Aunque el nombramiento de Romero desde un principio se atribuyó a su cercanía con Barbosa, pues fue uno de los promotores de su campaña, en los últimos meses se asegura que hubo un rompimiento entre ambos.

En especial, fue evidente este desencuentro cuando el auditor aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pidiera una disculpa y ofreciera una indemnización a Jorge Aguilar Chedrui, exsecretario de Salud del Estado, por haberlo acusado de corrupción sin sustento.

Esta misma recomendación fue rechazada por el gobernador Barbosa Huerta, quien alegó que hizo las declaraciones en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.