MEXICALI, BC (apro).- Contratos irregulares con valores al doble de sus costos, obras inconclusas y renta de inmuebles en condiciones deplorables, es parte de lo que Jaime Bonilla Valdez heredó a Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que serán cancelados o se renegociarán.

En lo que fue su primera conferencia de prensa en la capital del estado, Ávila Olmeda, acompañada del secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, y el de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui, evidenció contratos multianuales en condiciones desventajosas y excesivamente onerosos para el erario estatal, por lo que se anunció cambios en los mismos.

Por ejemplo, el más caro y que de no cancelarse generaría costos por 6 mil millones de pesos, es la construcción de la planta fotovoltaica que Jaime Bonilla Valdez licitó y entregó a la empresa neolonesa Next Energy, aún cuando no tiene facultades para hacerlo ya que dichos permisos solo los autoriza la Comisión Reguladora de Energía, con base en el programa energético que elabora la Secretaría de Energía.

Moreno Mexia reveló que el contrato con Next Energy “excede más de dos veces a proyectos similares…(se estableció) un monto de manera artificial”.

Por su parte, la gobernadora comentó que “revisaremos los certificados de inversión que son por 6 mil millones de pesos (en la planta fotovoltaica), porque es un contrato desfavorable para el estado y se está haciendo una revisión técnica, jurídica y financiera”.

Aún siendo gobernador, Jaime Bonilla colocó la primera piedra la citada planta donde estuvo acompañado de los propietarios de Next Energy; ambos, empresario y gobernador, se vanagloriaron de poner en marcha la construcción de la planta más grande de Latinoamérica.

El secretario de Hacienda, Moreno Mexia, anunció además la cancelación del “tren inter-urbano de Tijuana”, aunque no precisó cuánto se elevó en costo el valor de dicha obra.

Otro contrato más plurianual que se cancelará es el de que se celebró con la empresa norteamericana Worldwide Environmental Products, Inc., para la realización de la verificación vehicular. Dicho contrato y la obligatoriedad de los usuarios de vehículos a pagarla tendría una captación de mil millones de pesos para el gobierno del estado.

Y un último contrato “plurianual” que se cancelará o reestructurará, será el que se firmó con la empresa La Cosmopolitana, para proveer de las tres comidas del día a personas privadas de su libertad, custodios y centros de atención para menores.

Proceso reveló que el costo de dicho programa multianual es de aproximadamente 3 mil millones de pesos y la empresa, propiedad de una familia lituanenses avecindada en la Ciudad de México desde hace más de 20 años, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera  por los posibles delitos de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito por parte de sus dueños; el área de relaciones públicas de La Cosmopolitana negó que esté bajo indagación.

Renta de oficinas

Finalmente, la gobernadora Ávila Olmeda reveló la cancelación de un contrato de renta de oficinas que firmó el gobernador Jaime Bonilla Valdez a dos días de concluir su mandato, el 29 de octubre.

Se trata de la renta en oficinas para la instalación de cuatro Centros de Conciliación Laboral y que, por modificaciones a Ley Federal del Trabajo, se deben establecer pues así lo marca la reforma hacia la justicia laboral. Se trata de la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependían de la STyPS, lugar donde se dirimían los conflictos laborales. Con la nueva ley de justicia laboral, dichos centros de conciliación laboral dependerán ahora del Poder Judicial para hacer más expedita la atención a los trabajadores. Además, se pretende acabar con ello los centros de corrupción en que se habían convertido las juntas de conciliación.

Dos días antes de concluir su mandato, el gobernador ordenó la renta de las oficinas, mismas que se ubican en la llamada Plaza Fimbres de Mexicali y otras más en la Plaza Viva de Tijuana. Dichas empresas se contrataron por 3 millones de pesos, pero dicho contrato se canceló en la nueva administración ya que las condiciones físicas de los inmuebles hacen imposible el uso.

Pero el gobierno bonillista no solo pagó 3 millones de pesos por oficinas inhabitables, además, solo utilizó esa cantidad de los 24 millones 667 pesos que el gobierno federal entregó como subsidio al estado para que pudiera llevar a cabo la instalación de los centros. Adicionalmente, el gobierno del estado presupuestó 30 millones de pesos.

Por tratarse de recursos federales, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda tenía que regresar 21 millones de pesos a la federación ya que no se les dio el uso correcto. Sin embargo, en negociaciones con la titular de la STyPS, Luisa María Alcalde Luján, la gobernadora logró una prórroga de 90 días para utilizar el recursos e instalar dichos centros.

“(Los centros) debieron estar instalados y el dinero ejecutado en septiembre, pero la realidad fue muy distinta, lo que se nos había compartido (en la etapa de transición) no fue la realidad. Al llegar al gobierno encontramos condiciones que ponían en riesgo el dinero y la creación de los centros”, expuso la gobernadora.

Actualmente, la deuda con que Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió el gobierno es de 35 mil millones de pesos, sumando los contratos plurianuales que hoy se busca cancelar y en otros casos renegociar.