PUEBLA, Pue. (apro).- De mil 222 tomas clandestinas de gas LP que se detectaron en el país durante el primer semestre de este año, 846 – un 69% –  fueron en Puebla, pero sólo en un 0.59% de los casos se abrió una carpeta de investigación para perseguir a los delincuentes, reporta un estudio del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

Tras las explosiones registradas el pasado 31 de octubre por una toma clandestina de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, el Igavim advierte que pese a que este delito se ha disparado en la entidad desde 2019, las autoridades estatales y federales no cumplen con darle seguimiento a las investigaciones.

En 2020, de mil 639 tomas clandestinas de gas LP que fueron ubicadas en Puebla, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo abrió 59 carpetas de investigación, mientras que en el primer semestre sólo se integraron cinco carpetas de los 846 robos a ductos que se identificaron.

A nivel nacional, ocurre lo mismo, pues de las mil 222 tomas de gas que se clausuraron en el primer semestre de este año, apenas se abrieron 24 investigaciones para perseguir ese delito, lo que representa el 1.96% de los casos de robo a Pemex.

El observatorio ciudadano ha documentado que desde 2019, con 918 reportes, se empezó a notar un incremento en la detección de tomas clandestinas de gas LP en la entidad, lo cual ha relacionado con la baja que tuvo este delito ese año cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puso en práctica su estrategia para combatir a las bandas de huachicoleros con el cierre de ductos de hidrocarburos.

No obstante, este año Puebla se volvió a colocar en segundo lugar –sólo superado por Hidalgo- en el  ranking de los estados del país con mayor robo de gasolinas y diésel a Pemex.

De la reducción que se registró en el primer semestre de 2020, cuando se reportaron 168 tomas clandestinas, este año esa cifra se disparó a mil 81, lo que representa que el delito de robo de gasolinas se reactivó en la entidad y a la vez la ordeña de gas LP siguió en aumento.

El Igavim también alerta que en la entidad vecina de Tlaxcala se notó la incursión de los llamados huachigaseros, pues de 44 tomas que se identificaron en el primer semestre de 2020, este año, esa cifra aumentó en 215%, pues se encontraron 139, lo que colocó esa entidad en tercer lugar nacional, sólo por debajo de Puebla y Estado de México, con 846 y 153, respectivamente.

Tras lo ocurrido en Xochimehuacán, donde dos personas han muerto, 16 resultaron heridas y 183 viviendas quedaron dañadas, el Igavim advierte además que el programa de desarrollo urbano y del atlas de riesgos de Puebla capital no se han actualizado en 10 años y no contemplan el peligro por el paso de ductos en zonas pobladas, lo cual no ayuda a la prevención de este tipo de desastres.

Indica que, en contraste a esta falta de prevención y planeación, las estadísticas reportadas por Pemex marcan que al menos cada cinco horas se detecta una toma ilegal de gas principalmente en los municipios de Tepeaca, San Martín Texmelucan, Los Reyes de Juárez, Acajete, Acatzingo y San Matías Tlalancaleca

“Una amenaza en los municipios con registros de toma clandestina en ductos es la limitada planeación urbana, desde la desactualización de los programas desarrollo urbano y atlas de riesgos, que involucre la Gestión Integral del riesgo”, señala el Igavim.

Cabe recordar que en Xochimehuacán, igual que en otras zonas urbanas del municipio de Puebla asentadas de manera irregular en derechos de vía de Pemex, se utilizan construcciones y viviendas para ocultar túneles y excavaciones desde los cuales los delincuentes se conectan con los ductos para extraer gas en cilindros y pipas, lo cual representa un grave riesgo por la volatilidad de este combustible.

En su estudio, se señala que combatir el robo de hidrocarburos y gas LP requiere de un trabajo integral de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad involucrada.

“Partiendo desde la prevención a través de la planeación urbana en lo municipal, el seguimiento del delito de las autoridades estatales y federales, el monitoreo tecnológico con Pemex y la Guardia Nacional y la resolución de las carpetas de investigación iniciadas”, detalla.