CAMPECHE, Cam. (apro).- El fiscal general Renato Sales Heredia aclaró hoy que Arturo Bravo Muñoz, el hijo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, no fue nombrado vicefiscal general, sino director de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, explicó que temporalmente el joven está encargado del despacho de la nueva vicefiscalía de Control Interno que se creó recientemente para separar de la de Derechos Humanos las tareas que tienen que ver estrictamente con los asuntos internos de la FGE, como cuidar al personal y vigilar su conducta.

“Siempre es necesaria una unidad de asuntos internos, tener en las corporaciones que se dedican a seguridad y justicia lo que se conoce como la policía de la policía, un área que supervise la actividad de las personas que se desempeñan al interior de este tipo de corporaciones, y no existía propiamente aquí en la FGE”, argumentó.

Añadió que esas tareas recaían antes en la vicefiscalía de Derechos Humanos, “pero una cosa son los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de las personas en general y cómo debemos conducirnos en ese aspecto, y otra la investigación y vigilancia de los elementos de la corporación, y decidimos separarlos”.

En conferencia de prensa a la que convocó para responder a los señalamientos que le hizo la fracción priista en el Congreso local respecto a la ilegalidad del controversial nombramiento de Bravo Muñoz, Sales Heredia aseguró que es legal porque no es vicefiscal sino director de área, aunque temporalmente está encargado de la nueva vicefiscalía.

Añadió que el nombramiento no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE porque para el cargo de director que Bravo Muñoz desempeña no se establecen los mismos requisitos que para ser fiscal general o vicefiscal. 

“Conflicto de intereses”

Ayer, desde la tribuna legislativa, el dirigente de la bancada priista en el Congreso local, Ricardo Medina Farfán, cuestionó el polémico nombramiento de Bravo Muñoz como vicefiscal general y señaló que, además de que hay un “conflicto de intereses”, el nuevo funcionario incumple los requisitos que la Ley Orgánica de la FGE estipula para ocupar el cargo.

Señaló que esa ley establece “con mucha puntualidad” en sus artículos 21 y 24 “los requisitos que debe cumplir cualquier persona para ser titular de la institución o un vicefiscal en el estado”.

En ambos casos, los requisitos son los mismos: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 30 años de edad el día del nombramiento; poseer el día del nombramiento título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de cinco años y haber residido en el estado los últimos cinco años, entre otros.

En ese sentido, destacó que Bravo Muñoz los incumplía pues su fecha de nacimiento está datada en 1992, por lo que no tenía los 30 años cumplidos al momento de su nombramiento; su cédula profesional, la número 11557138, fue expedida en 2019, es decir, hace dos años; y tiene la residencia efectiva de cinco años previos a su nombramiento. 

Por ello, Medina Farfán informó que la fracción parlamentaria del PRI envió un oficio a Sales Heredia con las mencionadas observaciones y le pidió que, además de responder los señalamientos, les presente el expediente administrativo en el cual se basó para dar este nombramiento.

En la conferencia de prensa de hoy, el fiscal general aseguró que Bravo Muñoz cumple con el perfil y los requisitos para el cargo que desempeña, además de que aprobó todos los exámenes de control de confianza. 

También descartó que este sea un caso de nepotismo o de tráfico de influencias y reiteró: “contundentemente no hay violación a la ley orgánica”.

Destacó que la nueva vicefiscalía de Control Interno se creó “precisamente para controlar internamente la institución” y admitió que para desempeñarlo “la verdad es que preferimos que fuera una persona sin relaciones ni vínculos internos para facilitar su tarea”.

Sobre la ética en esa cuestionada designación, el también excomisionado nacional de Seguridad, consideró que “es una cuestión de valoración”, y argumentó que él conoció a Bravo Muñoz desde antes de que comenzara la presente administración estatal.

“Trabajó en la extinta Policía Federal, en la Guardia Nacional, precisamente en las áreas de asuntos internos; fue agente del ministerio público en Michoacán”, dijo.

Añadió que conoció también a quien fue secretario de Seguridad Pública en Morelia, Bernardo León, quien impulsó el modelo de justicia cívica, “que nosotros también impulsamos y que es el nuevo modelo nacional de la Policía, entonces no es una experiencia nueva”.

En dicha corporación fue donde inició su carrera policial Marcela Muñoz Martínez. 

Sales Heredia dijo que enviaría a la fracción priista las copias certificadas del expediente de Bravo Muñoz que le solicitaron para que constante que no hay ilegalidad en el nombramiento del joven como director de Control Interno e insistió en que el artículo 22 de la constitución mexicana dice que no se pueden plantear trascendentalmente sanciones o penas. 

“Es decir, uno no puede ser responsable de lo que son o hacen los padres, abuelos o hermanos”, puntualizó. 

Y también pidió a los diputados se tomen la molestia de revisar la situación en que opera la FGE y apoyen con más presupuesto pues Campeche es el segundo estado con menos elementos en el país para el tema de procuración de justicia. 

Layda Sansores niega nepotismo

En una entrevista aparte, la gobernadora Layda Sansores San Román salió en defensa de su secretaria de Seguridad Pública y aseguró que no ha incurrido en nepotismo porque ella no otorgó ningún nombramiento a sus hijos, y estos no se desempeñan en la misma dependencia o ente que ella. 

Aseguró que el nombramiento de Bravo Muñoz es “absolutamente legal” y atribuyó las acusaciones contra la funcionaria a “razones de misoginia” porque “no se esperaba aquí en Campeche una secretaria de Seguridad que sea valiente, mujer, talentosa y bella. Eso no lo perdonan”.

Y reprochó a los medios su falta de ética profesional “porque están distorsionando y confundiendo a la ciudadanía”.