TOLUCA, Edomex (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense acusó “uso faccioso de las instituciones del Estado, concretamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, en la denuncia entablada por la empresa Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., filial de OHL-Aleatica, contra Paulo Díez, abogado de Infraiber, por supuestos ataques a las vías de comunicación.

Durante la sesión de este jueves, desde la tribuna parlamentaria, el diputado Faustino de la Cruz señaló que no es la primera ocasión en que la Fiscalía estatal utiliza, “presumiblemente de forma facciosa”, sus atribuciones, e indicó que parece realizar diligencias e investigación a petición de parte de los poderes fácticos y no de los ciudadanos.

En el caso concreto, consideró que parece proteger o seguir protegiendo “a una empresa que, en palabras del propio presidente de la República, es corrupta, no quiere dejar de robar y fue la consentida de Enrique Peña Nieto”.

Recordó que Aleatica “explota” desde hace más de 10 años el Viaducto Elevado Bicentenario, pese a ser un bien nacional de uso común, sin una concesión del gobierno federal otorgada por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De la Cruz Pérez calificó como un despropósito y abuso de poder pretender criminalizar la actividad de un ciudadano que durante años ha denunciado la corrupción de Aleatica con distintos gobiernos mexiquenses y con el federal, quien en un acto ciudadano exigió que la autoridad competente cumpliera su función y recuperara el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación.

Para el morenista, es aún peor “proteger a Aleatica y permitirle seguir explotando ilegalmente… un bien de uso común que pertenece a la Nación”. 

El legislador señaló que la denuncia, promovida por Aleatica, parece estar plagada de irregularidades; la primera, dijo, fue la negativa de la Fiscalía para proporcionar la carpeta al imputado antes de la audiencia inicial, y cuando se la entregaron por mandato del juez, el abogado de la empresa le desprendió varios documentos.

Además, fue judicializada de manera indebida por la FGJEM, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el expediente mediante oficio del 26 de octubre de 2021, sin que a la fecha la Fiscalía estatal se lo haya transferido.

En el documento de atracción, expuso, la FGR consideró “evidente que el tramo denominado Viaducto Bicentenario se encuentra dentro de la jurisdicción federal, razón por la que los actos con apariencia de delito que ocurran dentro de la misma, serán competencia de la autoridad federal”. 

El congresista indicó que la FGR promovió ante un juez federal la incompetencia del juzgador estatal, a quien solicitó copia del expediente.

Faustino de la Cruz recordó que tanto él como su compañero de bancada Max Correa acompañaron a Díez Gargari en la toma simbólica y pacífica del Viaducto Bicentenario el 30 de septiembre de 2020, acto por el que se acusa al abogado, por lo que cuestionó a la FGJEM si también ellos habrían sido indiciados de no tener fuero.

La empresa fue consultada por este medio sobre su posición en torno a los señalamientos de Morena, sin embargo, desistió al considerar que se trata de un diferendo entre los diputados y la Fiscalía.

El 27 de octubre de 2020 –un mes después de la toma simbólica-- se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la administración mexiquense que reconoce la validez de la ampliación del Viaducto, bajo el argumento de que en mayo de 1983 Caminos y Puentes Federales (Capufe) entregó el tramo al gobierno mexiquense.