TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Ejidatarios de las comunidades afectadas por la nueva línea limítrofe de Chiapas y Oaxaca, dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguraron que seguirán siendo chiapanecos y que de ninguna manera se anexarán a los comuneros de Oaxaca. 

Por su parte, el gobierno estatal destacó que el lindero interestatal entre Chiapas y Oaxaca, de ninguna forma afecta la propiedad y la posesión de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias, ni varía su régimen agrario.
 
Tras varias horas de reunión con la secretaria general de Gobierno, Victoria Flores, Heriberto Cruz Ramírez, comisariado del ejido General Rafael Cal y Mayor, dijo que no dejarán que sus tierras pasen a manos de Oaxaca y que seguirán siendo chiapanecos. 
 
Sobre el grupo armado o Guardia Comunitaria que se creó en su ejido “para defender las tierras”, manifestó que eso dependerá de la comunidad y sus acuerdos, y por lo que a él respecta sólo le queda obedecer lo que la asamblea ejidal le mandate. 
 
Cruz Ramírez, quien además es líder de un grupo de 26 comunidades afectadas por este nuevo lineamiento limítrofe, culpó a gobiernos anteriores de no haber defendido jurídicamente al territorio chiapaneco ante los recursos jurídicos que interpuso el gobierno de Oaxaca ante la SCJN. 
 
Señaló que lo destacable de esto es que les dieron la certeza de que sus tierras no serán tocadas por esta resolución y que eso es lo más importante. Como la consigna de Emiliano Zapata, “la tierra es de quien la trabaja”, recalcó. 
 
Ramón Zavala Sosa, ejidatario de Las Merceditas, donde vive desde hace 66 años, refirió que las tierras de los 57 ejidatarios de su pequeña comunidad quedaron afectadas por la línea limítrofe. 
 
De las mil 750 hectáreas que poseen, abundó, estas les fueron dadas por el gobierno federal antes de la resolución presidencial que dotó de tierras a los comuneros oaxaqueños. 
 
Advirtió que ellos defenderán siempre sus tierras y que, si bien ahora quedaron de lado del vecino estado, seguirán considerándose chiapanecos siempre. 
 
Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, hizo un llamado a los campesinos y ejidatarios de la zona a no caer en la desinformación, y precisó cuáles son los alcances del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la controversia constitucional 121/2012.
 
Con esta resolución final de la SCJN, apuntó, se establecen los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca, de acuerdo con la pasada sesión del 11 de noviembre de 2021, que invalida el decreto 008 de 23 de noviembre de 2011, por el que se creó el municipio de Belisario Domínguez, de manera que ya no tendrá existencia jurídica.

 
Además, dijo que se otorga un plazo de 30 meses a los Congresos estatales de Chiapas y Oaxaca para que hagan las modificaciones legislativas conducentes para adecuar su marco jurídico a lo resuelto por la Suprema Corte.
 
De igual forma, se establece un plazo de 12 meses a ambas entidades federativas para que, con apoyo de la federación, establezcan programas y acciones para prestar servicios públicos a la población que habita la zona limítrofe, así como programas y acciones de conservación ecológica y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en la zona limítrofe.
 
Y lo más importante que deben saber todos en esa región, subrayó la funcionaria estatal, es que “de manera contundente se establece que el lindero interestatal entre Chiapas y Oaxaca, de ninguna forma afecta la propiedad y la posesión de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias, ni varía su régimen agrario”.
 
Los efectos de la sentencia no afectarán los derechos y prerrogativas de la población que habita la región, apuntó.
 
“Cabe precisar que la resolución de la Suprema Corte tendrá efectos jurídicos, una vez que sea notificada formalmente a los poderes del estado de Chiapas. No obstante, desde ahora el gobierno del estado de Chiapas manifiesta su compromiso de generar las condiciones para una convivencia armoniosa entre todas las partes”, sostuvo.
 
Asimismo, advirtió que el actual gobierno estatal seguirá gestionando todo lo necesario ante la federación y el gobierno del estado de Oaxaca, para que sus derechos económicos, sociales y culturales no sean vulnerados.