OAXACA, Oax. (apro).- A unas horas de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, resuelva los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 contra la concesión minera “Zapotitlán 1” y la Ley Minera, autoridades agrarias y la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa del territorio denunciaron una “estrategia de mala fe” de las empresas mineras y de la propia Secretaría de Economía.

Tanto el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Zapotitlán, Silvio Nolasco Flores, como la concejala de la Asamblea del Pueblo chontal para la Defensa del Territorio, Silvia Ramírez Nolasco, y Tequio Jurídico, advirtieron que las empresas mineras en litigio se desisten de la concesión para provocar que los juicios se caigan y luego atacan de nuevo solicitando nuevas concesiones.

Mientras, la Secretaría de Economía “sigue litigando contra los pueblos originarios en detrimento de sus derechos y favoreciendo a las empresas mineras”, contraviniendo lo que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizaron.

Araceli Olivos, coordinadora de la Vereda de Defensa Colectiva del Territorio en Tequio Jurídico, resaltó que el 28 de febrero de 2020, el Juez Cuarto de Distrito otorgó el amparo a toda la región chontal.

“El juez de amparo hizo algo histórico en los juicios contra la minería porque no había pasado antes en México donde no solo protegió a la comunidad que demandó a la Secretaría de Economía por haber otorgado la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1”, otorgada el 22 de septiembre de 2011 a Minera Zalamera, S.A. de C.V. por 50 años, sino que protegió a toda la región chontal”, resaltó.

Precisó que el 18 de diciembre de 2018 presentaron por escrito el amparo donde impugnaron dos actos de autoridad: La existencia de la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1” y la aplicación de la Ley Minera, por ser inconstitucional.

La comunidad de Santa María Zapotitlán, representada por las autoridades agrarias: Comisariado de Bienes comunales y Consejo de Vigilancia, presentaron el amparo para defender sus derechos: A la libre determinación y autonomía, al territorio o a la propiedad territorial indígena, a la consulta indígena, previa, libre e informada y a la protección integral de las tierras comunales: tanto para asentamiento humano como para actividades productivas.

De igual forma, se pronunciaron por la igualdad y la no discriminación, así como a que se respete su forma de vida comunitaria y a practicar su propio desarrollo, con respeto a la Madre Tierra.

Fue el 20 de febrero de 2020 cuando el Juez Cuarto de Distrito dictó sentencia; sin embargo, justo un mes antes, en enero de 2020, la empresa se desistió de la concesión. La Secretaría de Economía la autorizó hasta agosto del mismo año.

Respecto a la impugnación que presentaron contra Ley Minera por ser inconstitucional, el Juez Cuarto dijo que “no atenta contra nuestros derechos colectivos”.

Ahora el asunto se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, el cual tendrá que resolver los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 y la comunidad chontal espera que resuelva a favor de los pueblos indígenas.

 La representante de Tequio Jurídico explicó que el juez de amparo reconoció el derecho colectivo al territorio y a protegerlo, incluso más allá de la comunidad de Zapotitlán, nombrando a todas las comunidades del pueblo chontal que pudieran verse afectadas por este tipo de proyectos extractivos como la minería.

Y ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos el título de concesión minera 238447, “Zapotitlán 1” y que se consulte a Santa María Zapotitlán y a todas las comunidades del Pueblo Chontal afectados por la concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, si están de acuerdo o no en aprobar el proyecto minero; sin presiones, pacíficamente y con el tiempo que se considere suficiente.

También ordenó que las autoridades responsables hagan los estudios correspondientes para evaluar el impacto ambiental, social, espiritual y cultural, que el proyecto podría causar a las comunidades y pueblo chontal; que toda la información que se les proporcione sea comprensible en lengua chontal, así como en español.

Sin embargo, la comunidad de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal piden que la Ley Minera actual sea declarada inconstitucional porque representa una amenaza permanente para la vida de los pueblos indígenas, ya que viola sus derechos colectivos.