COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local aprobó hoy la creación de la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que de acuerdo con el dictamen estará dotada de autonomía técnica y operativa.

Con el voto de los 23 legisladores locales presentes, se adicionó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Colima para establecer la nueva fiscalía, a propuesta de la diputada morenista Ana Karen Hernández Aceves.

Entre sus facultades estará el inicio y desarrollo de la investigación y persecución de hechos delictivos relacionados con su área, además de requerir a las instancias competentes del sector público y privado, en los casos que disponga la Ley General de Víctimas, que se brinde atención médica, psicológica y jurídica a las víctimas de esas conductas.

También le corresponderá ejecutar, supervisar y evaluar el protocolo homologado, los protocolos de actuación e investigación, así como solicitar a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para la investigación y persecución de los delitos materia de su competencia.

Otras facultades de esta fiscalía serán decretar las medidas de protección en favor de la vida o la integridad de las víctimas y pedir las medidas cautelares aplicables al imputado por los delitos previstos en la Ley General, de conformidad con la legislación aplicable.

El dictamen dispone igualmente que la titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, realizará los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el inicio en funciones de dicha figura, además de realizar las previsiones necesarias para contemplar el gasto de la Fiscalía General del estado en el presupuesto de egresos 2022, que deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales.

En un plazo no mayor de 80 días después de que se publique este decreto, el fiscal general realizará las modificaciones de orden reglamentario y administrativo necesarias para garantizar la correcta y oportuna ejecución resultante de estas reformas.