MEXICALI, BC. (apro).- El equipo del transición de la próxima gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emplazó al coordinador de gabinete del aún gobernador, Jaime Bonilla, a entregar la información de los organismos operadores del agua y le recordó que de no hacerlo incurriría en el ilícito de coalición de servidores públicos previsto en el Código Penal del estado.

La carta dirigida a Diego Partida Mercado, coordinador de Gabinete y del proceso de entrega por parte del gobierno saliente, la envió Marco Antonio Moreno Mexia, actual enlace del gobierno entrante y futuro secretario de Hacienda del Estado.

Lo anterior debido a que el mes pasado, 6 de septiembre, se le solicitó una reunión para que la nueva administración conozca las gestiones encaminadas a la municipalización del servicio de agua potable, el funcionamiento de los organismos operadores del agua y dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó suspender por el momento el traslado de los servicios de agua a los ayuntamientos.

“Sin embargo, no sea recibido respuesta al referido oficio ni se han celebrado reuniones solicitadas, a pesar de la imperiosa necesidad invocada par comenzar el proceso de transición”, se lee en el oficio.

En consecuencia, el próximo titular de Hacienda le pide al coordinador de gabinete de Jaime Bonilla, a que “gire instrucciones necesarias para que a más tardar esta semana se inicien las reuniones de transición; de lo contrario, con independencia de las responsabilidades administrativas en las que pudiera incurrir, incluyendo las que se originen con motivo de la violación a las suspensiones otorgada por el máximo tribunal del país, me permito recordarle que, la omisión de entregar información a la autoridad entrante es constitutiva de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos previsto en los artículos 290 y 294 del Código Penal de Baja California”.

Pero no solo se le aclara que pude incurrir en violaciones al código penal, también se da cuenta de la falta de entrega de información al congreso local “de la omisión en que se esta incurriendo para que, dentro de su ámbito de competencia tome las medidas que resulten precedentes”

Síndicos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, acudieron a la corte para impugnar la ley que el anterior congrego aprobó y mediante la cual se ordena el traslado del servicio de agua potable a los ayuntamientos, incluyendo sus adeudos. Por ejemplo, la comisión estatal debe a la Comisión Federal de Electricidad 562 millones de pesos por el servicio de luz de agosto y septiembre.

Diputados de Morena de la pasada administración y quienes votaron en contra de dicha ley, también acudieron a la Corte, misma que ordenó suspender el traslado de los servicios en tanto se llega al fondo del asunto.

No obstante, el gobernador Jaime Bonilla, trasladó los servicios a los municipios de Ensenada, Playa de Rosarito y Tijuana. Por este tema relacionado, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala está sujeto a la solicitud de proceso de juicio político, mismo que por lo pronto la comisión encargada de analizar en primera instancia el tema ya lo aceptó.

La Corte invalidó el documento que el gobierno estatal tomó en cuenta para entregar el servicio de agua al ayuntamiento de Tijuana y el cual fue una decisión que el cabildo de esa ciudad tomó hace ocho años.