OAXACA, Oax. (apro).- A 72 horas del ataque armado en las comunidades mixtecas Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, pertenecientes a San Esteban Atatlahuca, empiezan a aparecer los muertos a raíz del conflicto agrario y la tala de sus bosques.

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, confirmó que la madrugada de este martes se localizó, en el paraje denominado Shinito’o, perteneciente a la comunidad de Mier y Terán, el cuerpo de Isidoro Hernández, de 49 años de edad, quien presenta impactos de arma de fuego y huellas de tortura.

Además, están a la espera de las autoridades ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Oaxaca para certificar los restos óseos de al menos tres personas que fueron calcinadas en su vivienda, en la comunidad de Guerrero Grande.

Con fotografías de las casas incendiadas y la persona fallecida, además de testimonios de desplazados, Santiago Reyes busca reivindicar su nombre y el de su asociación civil, luego de que la Secretaría General de Gobierno exhortó a las autoridades municipales, auxiliares, organizaciones sociales y habitantes, a “no difundir información falsa”.

Y, para desmentir a los colaboradores del gobernador Alejandro Murat que minimizaron la violencia, detalló que la Fiscalía efectuó hoy el levantamiento del cuerpo de Isidoro Hernández, quien es velado en su domicilio --en la comunidad de Mier y Terán-- y será sepultado el miércoles 27 en el panteón municipal.

Según consta en la carpeta de investigación 35007/FMIX/TLAXIACO/2021, los días 21, 22 y 23 de octubre un grupo armado atacó las comunidades Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, donde incendió más de 24 casas.

Debido a la violencia en esa zona, hay alrededor de 300 personas en desplazamiento forzado, ubicadas en el auditorio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del Barrio de San Diego, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

De acuerdo con el activista, inicialmente se conoció la muerte de cinco personas y 25 casas incendiadas.

Y antes, el jueves 21, el agente municipal de Ndoyonoyuji, Pedro Reyes Quiroz, confirmó el asesinato de sus padres, Remigio Gregorio Reyes García, de 69 años, y Rafaela Quiroz Sandoval, de 66, con lo que sumarían siete las víctimas mortales.

Sin embargo, la Secretaría General de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, afirmaron que no hay personas muertas y reprobaron que organizaciones sociales o supuestos defensores de derechos humanos –en clara referencia al Cedhap-- lancen ese tipo de información sin ningún sustento.

Hasta el domingo 24, elementos de la Guardia Nacional, junto con personal de la Fiscalía, arribaron a la comunidad de Guerrero Grande, es decir, 72 horas después de que se presentó la denuncia por los ataques perpetrados.