OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó a las autoridades contar con protocolos de prevención y atención de casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, ante el uso de videojuegos en línea para engancharlos con fines aparentes de explotación, trata de personas e incluso para actividades del crimen organizado.

Las alarmas se encendieron tras la detención de una persona y el rescate de tres niños que presuntamente fueron “enganchados” mediante el videojuego “free fire” y serían enviados a Monterrey, Nuevo León, para ponerlos a trabajar.

Según la carpeta de investigación 33350/FVCE/TLACOLULA/2021, las labores de búsqueda y localización se realizaron el pasado sábado 9, cuando familias de Tlacolula alertaron sobre la desaparición de tres niños contactados mediante el juego “free fire”.

Otro caso es la muerte de dos niñas, Sinachi, de 11, y Zoe Alejandra M. R., de apenas 9 años de edad, quienes presuntamente se suicidaron al participar en el reto viral “el ahorcado” o “blackout challenge”.

Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles 20 en la colonia Monte Albán, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

La Defensoría reconoció que se trata de un problema complejo que debe ser atendido, ya que sus efectos son enormes para los derechos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Consideró que la pandemia por covid-19 incrementó el uso del internet para la interacción, procesos de aprendizaje y sociabilización de niñas, niños y adolescentes, lo que a su vez repercutió en nuevas formas de violencia trasladada al ámbito digital.

Por ello es indispensable que el país cuente con mecanismos legales que regulen contenidos y usuarios nocivos en redes sociales, principalmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Respecto al caso del enganche de niños originarios de Tlacolula, la Defensoría inició el expediente DDHPO/CA/0424(01)/OAX/2021, a través del cual pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado medidas de protección para las víctimas y sus familias, además de realizar una investigación pronta, expedita y colaborativa con otras entidades para atender de raíz la problemática.

En este contexto, advirtió que el Estado debe establecer un marco jurídico integral y estrategias para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, que abarque desde la detección temprana de casos, servicios adecuados, mecanismos de denuncia adaptados para niñas, niños y adolescentes, así como búsquedas inmediatas cuando se registran desapariciones, ya que este tiempo es fundamental para lograr recuperar a los menores.

Esto debido a que en la actualidad, niñas, niños y adolescentes pasan mayor tiempo expuestos a contenidos en internet, además de contar con teléfonos móviles inteligentes o tabletas, aparatos que se han convertido en instrumentos también para ocultar la identidad de grupos criminales.

De igual forma, mencionó que se requiere una legislación que permita hacer a las redes sociales espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, además de que las madres y padres e incluso personal educativo, estén informados sobre los controles parentales y de monitoreo respecto a lo que ven, juegan y comunican sus hijas e hijos, o estudiantes, a través de las distintas redes sociales.