CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus, colectivos de la sociedad civil e integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense, exigieron a las autoridades federales investigar el asesinato de la defensora de derechos humanos, sin prejuicios ni transfobia. Mayte Regina Gardea, encargada de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense, denunció que Mireya fue víctima de discriminación, aun después de su muerte, pues las autoridades ministeriales cuestionaron que sus genitales no correspondían a los de su identidad de género, pese a que su identidad legal era de mujer. En un comunicado, Gardea reclamó a las autoridades gubernamentales, así como a diputados y senadores, por no implementar acciones de protección a las personas trans, y exigió una reforma a las leyes vigentes para que se reconozcan sus derechos. También comentó que, a raíz de los últimos sucesos, ella y otras mujeres se sienten vulnerables y temen ser víctimas de acciones violentas o transfeminicidios. Por su parte, Elvira Madrid, directora de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, denunció que los hechos son responsabilidad del Estado, debido al caso nulo que las autoridades hacen a las denuncias presentadas por mujeres trans. [embed]https://www.proceso.com.mx/647880/munoz-ledo-denuncia-contra-presidente-del-tepjf-confirmaria-sobornos-en-contienda-de-morena[/embed] En su oportunidad, Alejandro Brito Lemus, director de Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, señaló que no hay registros oficiales del asesinato de mujeres trans, pero los conteos realizados por organizaciones de la sociedad civil revelan que en Chihuahua se registraron 30 asesinatos de personas LGBTI+ entre 2017 y el pasado 2 de septiembre, cuando el cuerpo de Mireya fue encontrado en su departamento, con huellas de violencia. Brito Lemus detalló que días después del asesinato de Mireya se registró el crimen de otra persona trans en Ciudad Juárez, y que el año pasado 20 homicidios convirtieron a Chihuahua en la segunda entidad con mayor número de asesinatos motivados por prejuicio de orientación sexual o identidad de género, después de Veracruz. El también periodista indicó que si estos crímenes no se investigan y no se identifica a los agresores, se genera un mensaje de impunidad que alimenta este tipo de violencia, por lo que exhortó a la Fiscalía de Chihuahua a ceñirse al Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, tomando en cuenta la perspectiva de género y de identidad sexual, conforme a los estándares internacionales. Por su parte, Laura Hernández García, coordinadora general del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”, insistió en que deben agotarse todas las líneas de investigación en el caso de Mireya, sin desconocer que era mujer trans, trabajadora sexual y una defensora de derechos humanos muy activa en la erradicación del trato discriminatorio hacia las mujeres trans --sobre todo de quienes ejercían el trabajo sexual-- y de los abusos policíacos. Asimismo, señaló que debe activarse el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos entre las integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe reconocerlas como víctimas indirectas de los sucesos. En conferencia de prensa, el padre de Mireya, Jesús Rodríguez, indicó que a pesar de que la familia ha recibido apoyo por parte de algunas instancias de gobierno, no han tenido acceso a mucha información sobre las investigaciones, ya que se enteró de los sucesos en voz de las compañeras de su hija, no de las autoridades.