XALAPA, Ver. (apro).- Un año después de la masacre en el table dance Caballo Blanco de Coatzacoalcos, familiares de los 32 fallecidos se manifestaron frente a sus instalaciones para reclamar por la falta de justicia y el incumplimiento con la entrega de becas educativas prometidas a los huérfanos. Hace un año, un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en el interior del bar y amagaron a bailarinas, personal y clientes para inmovilizarlos mientras rociaban de gasolina la barra, la pista de baile y algunas mesas.

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Suman 30 muertos por ataque en table dance de Coatzacoalcos Según las investigaciones, el plan era sólo incendiar el lugar, pero obstaculizaron la salida de emergencia con una bomba molotov. En el interior murieron 32 personas, incluidos dos integrantes del crimen organizado, dos clientes de origen asiático, nueve bailarinas y otros trabajadores del lugar. Un año después, familiares de las víctimas reclamaron a todos los niveles de gobierno, desde el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la falta de justicia y apoyos. https://twitter.com/Esmeraldalvarez/status/1299077130140221444?s=20 Alan Domínguez Muñoz, abogado de varias de las víctimas, denunció que, pese a las múltiples peticiones para acelerar el caso, la carpeta no avanza e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) perdió interés en el caso tras la llegada de Rosario Piedra Ibarra a su presidencia. Domínguez soslayó que los familiares de las bailarinas y empleados del Caballo Blanco necesitan un dictamen de la CNDH para que los huérfanos de los fallecidos puedan acceder a la reparación del daño. En la manifestación, madres de las víctimas expusieron en cartulinas que no se cumplió las promesas del gobierno de Cuitláhuac García, quien prometió becas estudiantiles y apoyos alimenticios para los huérfanos de bailarinas y empleados del table dance Caballo Blanco. “Un año de exigir justicia, un año de impunidad”, señalaban las cartulinas. Actualmente, las madres e hijos de las bailarinas y clientes que murieron en el interior del bar reciben 4 mil pesos mensuales por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por concepto de fondo de ayuda, asistencia y alimentación. Sin embargo, señalan que ese recurso no es suficiente para el gran gasto que representa mantener a los huérfanos. Algunas de los familiares de las víctimas lamentaron que, a un año de la masacre, continúan pagando los gastos funerarios. La mayoría de las bailarinas que ahí trabajaban dejaron entre dos y tres hijos en la orfandad. Alan Domínguez, abogado de 14 de las 30 víctimas, detalló que es importante que la CNDH avance en la integración de ese dictamen, que es necesario para la reparación del daño, la aplicación de medidas de no repetición, el derecho a la verdad y una disculpa pública.

La investigación, de Jorge Winclker

La investigación inicial fue abierta por la Fiscalía General del Estado, encabezada en ese entonces por Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia y a quien el secretario de Gobierno actual, Eric Cisneros, ha señalado de “proteger a delincuentes” agremiados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la masacre de hace un año, al menos seis sicarios ingresaron con armas largas obligaron a clientes y empleados del lugar a tirarse al piso, para luego rociar gasolina en el inmueble y “taponear” con una bomba molotov la entrada principal y la salida de emergencia del lugar. En el tabledance fallecieron 23 personas y siete más lo hicieron en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos. Dos más fallecieron en hospitales especializados del Puerto de Veracruz. Ulises Contreras Sánchez, de 22 años, el barman del local ubicado en la colonia Palma Sola, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de alta especialidad al puerto de Veracruz, pues sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo; los médicos hicieron lo imposible para evitar su muerte, sin embargo, falleció dos semanas después.

Bailarina, madre y estudiante, una de las víctimas

Hace un año, en la colonia Fertimex –rodeada de un pantano y un canal de aguas negras– Abraham Irineo Ramos, papá de Xóchitl Nayeli, una de las jóvenes bailarinas muertas en el incendio del bar Caballo Blanco reprochó que su hija dejó en la orfandad a dos niños de 3 y 7 años. Xóchitl Nayeli estudiaba de lunes a viernes y trabajaba en el Caballo Blanco los jueves, viernes y sábados. Contó Abraham, taxista y ferviente católico, que el día del ataque, las amigas de Xóchitl Nayeli la convencieron de ir a trabajar el martes. Tenía un mal presentimiento y le pregunte: “Mami, ¿vas a ir a trabajar? No vayas, apenas es martes”. Xóchitl desoyó el consejo de su padre y fue. A las 3 de la mañana del miércoles, América Aguirre –madre de la joven bailarina– le dijo a su esposo vía telefónica que su hija estaba muerta; más tarde los peritos le confirmaron la versión, e incluso le mostraron una fotografía del cadáver de Xóchitl Nayeli. Pese a que las autoridades sanitarias pidieron a sus padres enterrarla “lo más pronto posible” para evitar riesgos sanitarios debido al sofocante calor y al brote de dengue que afecta a Veracruz, el viernes por la mañana llevaron el cuerpo de Xóchitl Nayeli al penal de Duport Ostión de Coatzacoalcos, para que su marido –quien se encuentra recluido ahí– se despidiera de ella. Otra de las víctimas, Érick “DJ Bengala” Enríquez, de 29 años era el DJ del Caballo Blanco, dejó huérfanos a tres menores de 4, 5 y 10 años. Vanessa, la hermana de DJ, reprochó que hace 10 años Coatzacoalcos era distinto; se podía salir a jugar a la calle de noche y caminar por el bulevar de madrugada. Yurai Vallena, otra bailarina del Caballo Blanco de 25 años, dejó cuatro hijos en la orfandad; su expareja apenas le pasaba una pensión mensual de mil 500 pesos; Sugeidy Vázquez, quien tenía 22 años, era originaria de Tabasco, aunque llegó a Coatzacoalcos cuando tenía dos años.

La caída de Los Zetas

En la última década, en la región sur que comprende Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jaltipan, Acayucan y Las Choapas, entre otras cabeceras municipales, Los Zetas tenían el control total del trasiego de drogas, las extorsiones y el cobro de piso a giros negros, así como el robo de combustible y la venta de mercancía pirata. Sin embargo, la organización criminal cayó en desgracia en marzo del 2018, cuando fue capturado en Cancún, Quintana Roo, uno de sus capos: José Giraldo García “El Cubano”, cuya zona de influencia comprendía Veracruz, Tabasco y el Caribe mexicano. Antes, a finales de 2017, fue detenido Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, quien tenía el control de la organización delincuencial en Veracruz. Asimismo, Elías Aguirre Sánchez “El Metro”, jefe de “estacas” o espías en Coatzacoalcos, y Bernardo Cruz Mota “El Niño Sicario”, fueron abatidos. A partir de ahí, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) vio tierra fértil en el sur de Veracruz para asentar sus reales, como lo ha hecho hasta ahora.