MÉRIDA, Yuc. (apro).- Asociaciones civiles acusaron a la policía municipal de esta ciudad de violentar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales que laboran en el centro histórico, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo “e incluso actos que podrían considerarse como tortura”. Integrantes de las agrupaciones defensoras de los derechos humanos Indignación y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) denunciaron que el pasado domingo 10 la corporación municipal detuvo de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de esta capital. “El argumento utilizado fue que ‘no estaban guardando la distancia y por cometer disturbios’”, señalaron. Después de su detención y traslado a las instalaciones de la corporación, donde fueron privadas de su libertad, les quitaron la ropa, y “a una de ellas una policía le introdujo un dedo, además de tomarles fotos y grabarlas, mientras recibían burlas de los elementos policíacos”. Nota de interés: México ya rebasó el medio millón de casos positivos a covid-19 Y, además de la detención ilegal y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que las sometieron, les robaron su dinero. De acuerdo con las activistas de Indignación y Unasse, este miércoles 12, en un operativo similar, policías municipales detuvieron a otras siete trabajadoras sexuales en el mismo sector de la ciudad. Según el testimonio de una de ellas, que logró escapar y refugiarse en un supermercado, “este tipo de operativos se han dado casi a diario”. Las trabajadoras sexuales –subrayaron-- han denunciado que la policía municipal “las persigue, las insulta, les dice ‘pinches putonas’, ‘que se dediquen a otra cosa’, las extorsiona y las detiene bajo el argumento de estar cometiendo disturbios”. “La política de persecución hacia el trabajo sexual ha sido parte de la apuesta de la actual administración encabezada por Renán Barrera Concha”, puntualizaron. De igual manera, recordaron que el 14 de septiembre de 2019 el cabildo aprobó diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Nota de interés: La SFP destituye por corrupción a funcionario de la Conade “Específicamente, la fracción VI del artículo 15 relativo al título III ‘de las infracciones a la dignidad de las personas’ establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública”, comentaron. Tal prohibición –añadieron-- criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales, por lo que resulta contraria a los derechos humanos, porque “viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos”. También recordaron que ese reglamento ha sido impugnado ante los tribunales federales por diversos colectivos de trabajadoras sexuales, e insistieron en que los operativos denunciados, así como el citado reglamento, violan la Constitución federal y la de Yucatán. “Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos”, reiteraron. Asimismo, consideraron “alarmante” que el municipio de Mérida haya desatado una política de persecución en contra de quienes ejercen ese trabajo, situación que se ve agravada por la crisis económica derivada de la pandemia y la falta de oportunidades laborales. Dada las circunstancias, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), organismo ante el que ya han denunciado estos hechos, que emita las medidas cautelares pertinentes e inicie de oficio una investigación que derive en recomendaciones específicas al municipio de Mérida y sanciones a los policías implicados, que conlleven al establecimiento de políticas públicas que eliminen el estigma y la inseguridad con la que las trabajadoras sexuales realizan su labor. Y más: exigieron al gobierno municipal “que cese el acoso, detención, extorsión y hostigamiento por parte de la policía hacia quienes ejercen el trabajo sexual en las calles; que se investigue y sancione a los policías que han violado los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, y que se establezcan medidas y mecanismos adecuados, junto con quienes ejercen esta labor”. En ese sentido, recordaron que “es obligación de toda autoridad promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y prohibir todo tipo de conducta discriminatoria establecida en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte”.