OAXACA, Oax. (apro).- Indígenas Ikoots de Santa María del Mar solicitaron de manera urgente la presencia de la Guardia Nacional, porque “las graves omisiones gubernamentales han ensangrentado este territorio (y) en sus acciones sólo vemos un apetito insaciable por nuestras riquezas naturales y marítimas”. El presidente del Comisariado Comunal, Eustasio Reyes Martínez, y el agente municipal de Santa María del Mar, Gelasio Mateos Cruz, manifestaron su preocupación por la masacre de 17 personas, el domingo 21, en San Mateo del Mar, con quienes mantienen un conflicto agrario por la disputa de mil 361 hectáreas. “Los recientes hechos de muerte y dolor en la zona nos dan razones suficientes para preocuparnos por nuestra integridad. Somos los más pequeños, los más indefensos y los más alejados de esta franja costera”, subrayaron. En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pueblo Ikoot o huave de Santa María del Mar destacó: “Ya cumplimos 10 años sin acceso por vía terrestre a nuestra comunidad y sin energía eléctrica”. [embed]https://www.proceso.com.mx/635352/mandan-a-unos-160-agentes-a-san-mateo-del-mar-tras-masacre-de-15[/embed] Aunque varios gobiernos se han comprometido a atender este conflicto, esta es la fecha en que mil 500 indígenas ikoots viven “secuestrados” por sus vecinos de San Mateo del Mar, apuntó. En el documento, también dirigido al representante de Amnistía Internacional, Jesús Peña; al comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca, Rosalindo Barrios; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, solicitaron acciones preventivas y apremiantes para proteger la vida del pueblo Ikoot. “El 19 de octubre del 2019, el pequeño pueblo Ikoot de Santa María del Mar, que se ubica en una franja de tierra en las costas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cumplimos 10 años sin acceso por vía terrestre a nuestra comunidad y sin energía eléctrica”. En este tiempo, añadieron, “la población entera ha sufrido muchas carencias, pues tenemos que atravesar el mar para abastecernos de los más elemental; en este largo lapso de tiempo hemos vivido experiencias fatídicas, como la vivida el día 7 de enero de 2017, cuando los fuertes vientos voltearon una lancha, muriendo ahogadas tres personas”. Y más: “Es obligación del gobierno local procurar una vida digna para todos nosotros, pero acá en Santa María del Mar las dificultades para recibir atención adecuada en salud, educación, las enormes complicaciones que tenemos para el abasto de víveres, el libre tránsito y sobre todo la seguridad, nos dejan claro la ineficacia en seguridad, en procuración e impartición de la justicia del gobierno local”. De igual manera, se quejaron de que en marzo del 2017 “el gobierno del estado creó una ficticia comisión llamada ostentosamente ‘Comisión de Alto Nivel’, integrada por funcionarios sin ninguna capacidad. No les basta el infortunio de los más de mil 500 habitantes que somos, nos mienten, nos engañan y tienen en el olvido”, y ahí están las consecuencias de sus omisiones con la vida de 17 indígenas que fueron masacrados. Explicaron que sus vecinos de San Mateo del Mar cerraron la única vía terrestre que conduce a Santa María, con el argumento de que mil 361 hectáreas les pertenecen, pese a que las autoridades agrarias determinaron lo contrario. Según consta en el expediente del juicio agrario número 346/2009, el 10 de marzo de 2015 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 22 del distrito de San Juan Bautista Tuxtepec emitió una sentencia favorable a Santa María del Mar. Y el pasado 19 de junio se dio ejecutoria jurídica y material a dicha sentencia. El TUA entregó físicamente a Santa María del Mar las mil 361 hectáreas que desde 2009 fueron invadidas por San Mateo del Mar, amojonándose los principales puntos. El 3 de julio de 2015 dictó un acuerdo por el cumplimiento de la sentencia y pidió archivar el expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Sin embargo, el bloqueo permanece ante la insensibilidad e incapacidad de los gobiernos federal, estatal y local.