PROGRESO, Yuc. (apro).- Las presuntas prácticas de tortura a manos de la policía yucateca salieron nuevamente a flote, luego de que tres uniformadas de la corporación municipal fueron acusadas por una maestra que sufrió un aborto a consecuencia de la golpiza que le propinaron. De acuerdo con medios locales, la víctima, G. P. S., y su esposo, R.G.T., fueron detenidos el miércoles 10 en la entrada de su domicilio, por orden de la comandanta M.U.F., quien los señaló como presuntos involucrados en el asesinato del policía Luis Canul P. Ch., en un módulo de la corporación. G.P.S., maestra en ingeniería y profesora en una preparatoria de esta ciudad, relató que tenía dos meses de embarazo, y esa madrugada tuvo un antojo, por lo que envío a su esposo a una tienda de conveniencia cercana a su domicilio. R.G.T subió al auto familiar y en el camino se encontró con un conocido, a quien ofreció dar un aventón luego de hacer la compra, pero al momento de pagar se percató que no llevaba la cartera, por lo que regresó a su casa por dinero. En ese momento fue rodeado por policías y detenido como presunto sospechoso del homicidio de Luis Canul P. Ch. Al escuchar el alboroto, G.P.S salió a la puerta para ver qué ocurría y empezó a grabar con la cámara de su teléfono. La comandanta ordenó que también la detuvieran. G.P.S. les informó que estaba embarazada y les suplicó que no le hicieran daño. No obstante, según su denuncia, por órdenes de la comandanta fue golpeada brutalmente para obligarla a confesar su supuesta participación en el asesinato del policía. En el piso, las uniformadas la patearon en el abdomen, lo que le provocó el aborto. Además, la víctima denunció que le negaron atención médica, pese a que hay un hospital justo enfrente de la cárcel municipal, donde la mantuvieron privada de la libertad por varias horas. Mencionó que al momento de su detención informó a las policías que en su casa dormía su hijo pequeño y la puerta se quedaba abierta, pero fue ignorada. G.P.S dijo que teme por su vida y la de su familia, y responsabilizó al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, y a los comandantes de la policía municipal M.E y E.C, de lo que pueda pasarles tras su denuncia.