CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organismos de Naciones Unidas pidieron a las instancias correspondientes, en particular al Poder Legislativo de Aguascalientes, “revisar la constitucionalidad” de las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación de esa entidad, porque “vulnerarían” los derechos humanos de la infancia. Las oficinas regionales de la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lanzaron un pronunciamiento tras la aprobación, en el Congreso de Aguascalientes --el pasado 25 de mayo--, de las reformas que activan el “pin parental”, así como la “aparente permisividad del castigo corporal”. Tales entes alentaron a analizar las modificaciones “a la luz de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, y al Congreso de Aguascalientes, en concreto, a que de manera proactiva revise y, en su caso, modifique el contenido de esas disposiciones, en línea con los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia. Para los organismos de la ONU, las reformas y la ley estatal que permiten a madres, padres o tutores prohibir que niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad “participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos”, “vulneran los derechos de la infancia a la salud, protección contra la violencia y participación”. Los organismos de la ONU recordaron que la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones del Comité de Derechos del Niño, si bien reconocen que los padres, madres, cuidadores o instituciones de protección son responsables de la crianza y desarrollo de los menores, “esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y primordialmente sus derechos”. En cuanto al Estado, “tiene la responsabilidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a servicios, información y educación, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, sin verse obstaculizados por el consentimiento o autorización de terceros”. Las agencias de la ONU asentadas en el país advirtieron que la Constitución mexicana establece que la educación “debe contar con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género”, en la que debe incluirse la educación sexual y reproductiva, en apego a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, consideraron preocupante que la Ley de Educación de Aguascalientes denote la “permisibilidad y discrecionalidad” para que padres, madres y cuidadores “puedan ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes como métodos de disciplina, contraviniendo las disposiciones de la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos que protegen la dignidad e integridad de todas las personas, independientemente de su edad o cualquier consideración”. Puntualizaron que el Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, “tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes”, toda vez que cualquier forma de violencia contra la infancia “es inaceptable, por leve que sea”, porque genera daños físicos, psico-emocionales y en las relaciones humanas a corto y largo plazo. De igual manera, recordaron que entre las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha formulado al país está precisamente prohibir en la legislación y en programas públicos el castigo corporal y los tratos humillantes contra los menores en todos los ámbitos, incluido como método de educación.