SALTILLO, Coahuila (proceso.com.mx).– El derecho de las familias con parientes desaparecidos a obtener justicia, reparación integral, alcanzar la verdad y resolver la tragedia se ve frenado por la “austeridad republicana”, tras la reducción de 75% del presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  (CEAV) y para organismos afines, señalaron a Proceso voceros de varios colectivos de víctimas de la violencia. “Enfrentamos hoy la indignante realidad de más de 61 mil personas desaparecidas, más de 30 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos, fosas clandestinas y lugares de exterminio, miles de mexicanos, mexicanas y personas migrantes en estas cifras, y sin posibilidad de atender esta grave tragedia”, comentó María Elena Salazar del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem). La representante de Fundem y de otras organizaciones de familias con personas desaparecidas respondieron la información que anunció la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez. Como la consecuencia de los recortes, saldrán el 60% del personal de la CEAV. Ya se les notificó a más de 100 colaboradores de que no hay fondos para pagarles sus salarios. No obstante, los recortes anunciados oficialmente para todas las dependencias posteriormente fueron negados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y por Alejandro Encinas, comisionado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. María Elena Salazar rechazó esos dichos: “Claro es para nosotras que detrás de todas estas declaraciones, de parte de la Secretaría de Gobernación, la CEAV, el Secretario de Hacienda y el titular de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el mismo presidente de la nación, son ambiguas”. “Hay un trasfondo más allá de la desmantelación de la CEAV, nosotras lucharemos por instituciones que fueron creadas a base de las necesidades y demandas de las familias”, agregó la portavoz de Fundem. “El país se sigue desestabilizando y a su vez quieren hacer lo mismo con las víctimas, víctimas que el Estado mexicano no cuidó, llámese como se llame partido que fuera es lo mismo”, concluyó. Los representantes de los colectivos demandan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la propia CEAV, hagan públicos los documentos por los cuales se le ha pedido a la misma la reducción del 75% de los recursos con base en el decreto del 23 de abril de 2020. La violencia que recorre todos los rincones de la República ha dejado como saldo más de 61 mil personas desaparecidas, alrededor de 30 mil cadáveres sin identificar y cientos de miles de restos humanos que deben ser analizados. Gracias a la organización de familiares de las víctimas, organizadas en decenas de colectivos, se logró que se aprobaran leyes, presupuesto y dependencias que se enfocarán a buscar a los miles de desaparecidos. “En el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros estamos preocupados por el recorte al presupuesto para la CEAV y nos propusimos ir a plantarnos ante la Secretaría de Hacienda”, afirmó Edith Pérez, fundadora de la organización que tiene sede en San Luis Potosí. “Creemos que esto es parte de todo el cambio que López Obrador está haciendo en todas las dependencias, donde se está perjudicando a muchos sin tomar en cuenta que en el combate a la corrupción se lleva entre las patas a muchos inocentes”, agregó Edith Pérez. Pérez destacó que en los hechos no existe dinero para continuar buscando a sus familiares. “Pero que a pesar de eso el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros continuará adelante con o sin apoyo del gobierno”, añadió. Las organizaciones temen que los más de 30 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos que fueron recolectados en fosas clandestinas y lugares de exterminio debido a los recortes quedarán sin identificar. Godofredo Hernández Rivera, fundador del Grupo Civil de Búsqueda A.C., mencionó que a pesar de que desde el año pasado está inscrito en la CEAV, no ha podido obtener ayuda para traslados a diligencias con los Ministerios Públicos que llevan su caso. “Debo viajar a Ciudad Victoria, Tamaulipas, viajes que se prolongan hasta por tres días para ver avances de mis Carpetas de Investigación y a la fecha no he obtenido respuesta”, precisó Hernández Rivera. “En diciembre del año pasado me dijeron que ya estaba mi registro, que ya estaba inscrito, pero hasta hoy solo me han hecho dar vueltas”, subrayó. Hernández Rivera aseguró que quizá hay omisión y manos interviniendo para que dichas ayudas no lleguen y sólo se beneficien a ciertos dirigentes de algunos colectivos. “Quizá para que no hagan ruido y mantenerlos callados como normalmente suele hacer el gobierno”, concluyó el fundador del Grupo Civil de Búsqueda A.C. Los representantes de los colectivos también exigieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analice el decreto del 23 de abril del 2020 donde se anunciaron los recortes del presupuesto, y realice las acciones que por sus facultades le corresponde. Además, que se abran carpetas de investigación penal por los delitos o faltas administrativas que pudieran surgir de las exigencias planteadas anteriormente en este documento. Giovanni Barrios Moreno, presidente de la Asociación Civil “Justicia Tamaulipas”, confía en que el presidente y Alejandro Encinas frenen los recortes destinados a la búsqueda de desaparecidos. “Si se concretan los recortes al presupuesto de la CEAV sería imposible el funcionamiento de la Comisión, porque no tendría para pagar sueldos, rentas e inmuebles que tienen en diferentes estados”, afirmó el fundador de “Justicia Tamaulipas”. Después de ese anuncio contactamos a las autoridades correspondientes, en particular a Alejandro Encinas, y afortunadamente nos dicen que no hay dichos recortes, agregó Barrios Moreno. “Es muy lamentable que se hagan declaraciones sobre los recortes. Sería una violación tremenda a los derechos humanos, pero afortunadamente tengo información de que no va hacer así y que incluso el año que viene se aumentará el presupuesto para las búsquedas”, concluyó el dirigente de Justicia Tamaulipas.