TOLUCA, Edomex. (apro). - El Poder Judicial del Estado de México determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la activista Kenia Hernández, señalada por el presunto delito de robo con violencia, a la que se encontraba sujeta desde su detención el 6 de junio pasado en la caseta de cobro La Hortaliza, de la carretera Toluca-Valle de Bravo. La jueza adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec determinó que, en tanto se resuelve su situación legal, Hernández Montalván deberá presentarse periódicamente al Juzgado, abstenerse de concurrir a casetas de peaje del Estado de México y de realizar manifestaciones que alteren el orden en esos lugares, y evitar acercarse a las víctimas, identificadas como José Daniel “N” y Shirley “N”. No obstante, será hasta este viernes 12 de junio cuando se determine si se le vincula o no a proceso, y en el primer caso enfrentará la acusación en libertad. José Antonio Lara Duque, defensor de la integrante del colectivo "Zapata Vive", indicó que este jueves se desahogaron varios testimoniales con el propósito de probar que el 19 de marzo pasado Hernández Montalván se encontraba en su domicilio de resguardo (es beneficiaria del mecanismo de protección) y no en una manifestación en la caseta San Cristóbal, con un revólver del que presuntamente se auxilió para hurtar una cartera con 500 pesos a dos personas que iban a bordo de una camioneta. Lara Duque especificó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial estatal reconocieron excesivo, en términos jurídicos, mantener en prisión a Kenia, pues su comportamiento no pone en riesgo a nadie. El también abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) había advertido que se está fabricando un delito en contra de la luchadora social, pues no se presentan videos que prueben su presencia en la protesta, pese a que todas las casetas tienen sistema de vigilancia y circuito cerrado, y las fotografías aportadas por la parte acusadora son de un grupo diverso al que la activista pertenece. La Fiscalía, refirió el jurista, acusa a Kenia basada en una investigación particular que hizo la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense, donde detallan su perfil personal y político para fabricarle el delito. Además, diversas ONG han advertido que Kenia Hernández -quien ha recibido amenazas, ataques mediáticos y agresiones, producto de su lucha por la liberación de presos políticos y contra la violencia a mujeres- fue detenida sin orden de aprehensión; por tanto, aun cuando fuese vinculada a proceso, José Antonio Lara confió en que existen elementos de sobra para demostrar su inocencia.