TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que más de tres mil indígenas tzotziles en situación de desplazamiento forzado y miembros de otras comunidades de los Altos de Chiapas, están en riesgo de sufrir una de las hambrunas más graves que se haya vivido  en la zona. Por ello hizo un llamado al gobierno federal para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios. El Frayba dijo que son tres mil 304 personas las se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a los municipios de Chenalhó, -integrantes de Las Abejas de Acteal- Chalchihuitán y Aldama. Estas, indicó, personas se encuentran en condiciones de hacinamiento en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas y cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Añadió que varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta hoy, dijo, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no han podido ir a cosechar su café, una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El martes, Pedro Faro, director del Frayba, hizo un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional para que haga presencia en Chiapas y le den atención a estas más de tres mil personas desplazadas de sus comunidades de origen. De igual forma urgió a que el citado Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en Chiapas, atienda la situacio?n de manera integral y de acuerdo con los principios rectores y directrices de la ONU relacionadas al covid-19. Ante esta situacio?n grave, Pedro Faro exigió a los gobiernos federal y estatal una actuacio?n con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares. Dijo que la alimentacio?n es un derecho constitucional reiteradamente violado en la poblacio?n indi?gena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce dan?os graves a la salud de toda la poblacio?n y en especial a la infancia: “es urgente la implementacio?n de un plan de emergencia alimentaria”, subrayó. Faro exigió que se atiendan de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atencio?n a la pandemia del covid-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, O?rganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto de los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atencio?n a la crisis por la pandemia de covid-19 y sus consecuencias. Pidió que se desactive la violencia en estos territorios provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar que viene de de?cadas de impunidad. A la sociedad civil nacional e internacional le solicitó solidarizarse con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutricio?n en este territorio especi?fico que sufre violencia sistema?tica en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donacio?n al Fideicomiso para la Salud de los Nin?os Indi?genas de Me?xico. Los donativos pueden hacerse en el banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644. Te puede interesar:  ONG exhibe el “terror” de los desplazados en Chiapas