MÉRIDA, Yuc. (apro).- La organización ambientalista Greenpeace México denunció que la industria porcícola, que ha crecido desmesuradamente al amparo de la ilegalidad, atenta contra los recursos naturales de la Península de Yucatán y los derechos humanos de los pueblos mayas, por lo que exigieron a los gobiernos federal y de los estados involucrados poner freno al problema. En videoconferencia para presentar su informe “La carne que consume al planeta”, se destacó que de las 257 granjas porcícolas “con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad”. Se detalló que 20 de las granjas se asientan en sitios de conservación y 102 en sitios de restauración, 65% de las cuales están en lugares de prioridad extrema. Según el reporte, por lo menos 43 de las granjas están instaladas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una en un sitio RAMSAR, además de que solo 22 de las 257 operan con Manifestación de Impacto Ambiental. La investigación “evidencia cómo la industria porcícola en la región está creciendo de manera exponencial invadiendo ANPs, contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva maya y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas”. Se explicó que para este estudio, Greenpeace realizó muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte directo en la selva y un cenote de la región, y resultó que “en 5 de las 8 muestras se rebasa la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática”. Además, “todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA, la cual dicta los límites recomendados para uso y consumo humano”. La industria además ha desforestado 10 mil 997 hectáreas de selva en la región, severo impacto ambiental que a su vez atenta contra la preservación de especies en peligro de extinción o amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010, como el jaguar en la selva o los peces ciegos en cenotes. Se señaló que para ilustrar la ilegalidad en que opera la industria en varios estados del país, la contaminación que genera y la injusticia social que provoca, Yucatán “es un caso icónico”.

Impulsarán la industria

Al respecto, Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, consideró “inconcebible que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como el gobierno de Yucatán, estén planteando un impulso a esta industria como parte de sus planes de recuperación económica tras los efectos de la pandemia del covid-19”. “Lo que deben hacer primero es regular la industria existente y después transformar de fondo el modelo de producción de carne de cerdo a nivel industrial”, exigió. Por su parte, Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del consejo maya del poniente de Yucatán Chikin-já, expuso la afectación que la industria porcícola provoca en las comunidades nativas. “Hoy nuestra tranquilidad y seguridad se encuentran amenazadas por la presencia de una mega granja porcícola entre las poblaciones de Kinchil y Celestún”, dijo, y explicó que esa planta extrae enormes cantidades de agua del subsuelo para limpiar las jaulas de sus animales. “Esta agua, aunque pasa por los biodigestores, finalmente la regresan al monte o a la selva en un sistema de riego, y esto ocasiona formación de lagunas de agua contaminada con excretas y orina de cerdo, pero en grandes cantidades. Esta agua residual se filtra inmediatamente al manto freático y, de no detener esto, en pocos años la región se verá afectada seriamente”, advirtió. En su turno, Manuel Casanova, apicultor maya desplazado por la presencia de una granja porcícola, denunció que “los principales impactos que tenemos ahora es que ya casi no tenemos tierras para producir”.

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La SCJN atrae juicio contra granja porcícola en reserva de cenotes de Yucatán “Kekén dice que esas tierras son propiedad privada, son de ellos, y lo más doloroso es que otros estados nos están superando en las cosechas de miel cuando Yucatán era el primer lugar. No saben cómo sufrimos las pérdidas de nuestras selvas y, lo más importante, el agua”, lamentó. Y pidió el apoyo de la sociedad en lucha contra el desaforado crecimiento de la industria porcina. “Ojalá que la gente nos apoye en nuestra lucha; invito a quien sea a comprobar que lo que digo es verdad, ya no vamos a tener turismo, ni pesca, y lo más triste es la contaminación del agua y el aire”, dijo. En tanto, Lourdes Medina, de Indignación AC, una agrupación yucateca dedicada a la defensa de los derechos humanos en la península, cuestionó “el papel omiso de los gobiernos federal y estatal” ante los atropellos de la industria porcícola y reprochó que incluso el Ejecutivo yucateco, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, tiene el objetivo de impulsar el sector. Así mismo, exigió a los gobiernos de todos los niveles respetar del derecho del pueblo maya peninsular y adoptar medidas basadas en el principio precautorio que garanticen el derecho humano a la alimentación adecuada, a la salud, al medioambiente sano y al agua. Recordó que la lucha legal de las comunidades mayas por las violaciones a sus derechos humanos a consecuencia de las granjas porcícolas cobró fuerza a partir de 2017, a raíz de que los pobladores de Homún, en defensa de sus cenotes, se rebelaron contra la instalación de una de las mega granjas de puercos en zona. A partir de este proceso legal, que por su trascendencia fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otras comunidades como Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab, Tabi, Maní, Sudzal, San Fernando y Paraíso, entre otras, se animaron a denunciar públicamente las afectaciones por granjas porcícolas que están sufriendo sus territorios. Por último, Viridiana Lázaro argumentó que, “como nunca antes, la pandemia de covid-19 es un llamado para la humanidad a repensar nuestro modo de desarrollo capitalista y a cuestionarnos las formas en que consumimos y nos relacionamos con la naturaleza”. Y, a nombre de Greenpeace, demandó a los gobiernos de todos los niveles frenar las granjas industriales, imponer una ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la península de Yucatán para que “por ningún motivo las autoridades permitan ocupar suelo de protección conservación”. También exigió la creación de un sistema de monitoreo e inspección de la calidad de agua, tanto estatal como nacional, para poder evaluar el grado de contaminación y su comportamiento a través del tiempo. Finalmente, recordó que “el plan de recuperación económica de Andrés Manuel López Obrador y de las entidades debe ser verde y justo para garantizar no solo una recuperación económica en el corto plazo, sino un modelo sostenible y saludable en el mediano y largo plazo”.