Rarámuris denuncian tala de árboles ilegal durante emergencia por covid-19
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx)-. Los pobladores de la comunidad de Choréachi o Pino Gordo, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo de la Sierra Tarahumara, denunciaron que con la protección de hombres armados y a pesar del confinamiento ordenado por la pandemia de covid-19, los caciques de la región marcaron los árboles del territorio indígena para talarlos con fines comerciales.
El 27 de marzo interpusieron una demanda más ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para informarle sobre el marcaje de árboles.
Después de 20 años de luchar por su territorio ante los tribunales agrarios, en el 2018, la comunidad rarámuri de Choréachi obtuvo el reconocimiento su territorio y bienes naturales, por el Tribunal Superior Agrario, con el acompañamiento y asesoría de la organización Alianza Sierra Madre.
Anteriormente, en febrero de 2017, asesinaron a uno de sus líderes, quien se se suma a varios integrantes de esa comunidad y de la vecina Coloradas de la Virgen, por defender su territorio. Entre las víctimas se encuentra Juan Ontiveros, uno de sus líderes más destacados, a quien mataron el 15 de febrero de 2017.
Sin embargo, desde el año pasado, los integrantes de Choréachi han documentado trabajos de marcaje de árboles y aprovechamiento forestal con fines comerciales dentro de su territorio ancestral, ante diferentes instancias, incluida la Profepa.
Hasta ahora, la Profepa sólo les emitió el acuse de recibo de la denuncia, ninguna autoridad ha actuado.
“El aprovechamiento forestal, presuntamente, lo están haciendo integrantes de la comunidad Coloradas de los Chávez. No omitimos informar, tanto el marqueo, como el aprovechamiento, se está realizando con la protección de personas armadas, comúnmente conocidos como sicarios”, informó Alianza Sierra Madre.
“A pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los integrantes de la
comunidad rarámuri observan el trazo de una brecha de terracería en la que
actualmente están trabajando máquinas, sin su consentimiento, poniendo en
peligro su salud, su seguridad y su medio ambiente”, añaden.
De acuerdo con datos de la misma asociación, el 80 por ciento del territorio ancestral de Choréachi, se encuentra constituido por bosque viejo de pino y encino que alberga una gran diversidad de flora y fauna.
“Es uno de los últimos lugares de la Sierra Tarahumara con tal biodiversidad, lo cual ha sido posible gracias a la protección y defensa que la comunidad rarámuri ha emprendido por generaciones”.
Toda la comunidad indígena cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores ambientales rarámuri, entre ellos Juan Ontiveros Ramos.
Las medidas fueron obtenidas porque han sido víctimas de represalia por la defensa que la comunidad ha emprendido en los tribunales para frenar la tala ilegal de sus bosques.
Alianza Sierra Madre exigió a las instituciones competentes de los gobiernos federal y estatal, la garantía de vida e integridad física de todos los integrantes de la comunidad de Choreáchi, como lo mandató la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano.
Que las autoridades competentes suspendan de manera inmediata, las actividades de aprovechamiento forestal que se realiza en aquel territorio, localizado en el municipio que forma parte del Triángulo Dorado.
Y que se proceda, investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables.
