MEXICALI, BC (apro).- Representantes del gobierno de Jaime Bonilla y consejeros ciudadanos afines “reventaron” este viernes la sesión del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con lo que frenaron el exhorto a las autoridades para que revoquen la notaria entregada por el exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid al sobrino del también exgobernador Xiconténcatl Leyva Mortera. En la misma sesión se aprobaría solicitar al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, que presentara la denuncia penal contra el diputado local expanista Miguel Ángel Bujanda, quien a su vez denunció que le ofrecieron un millón de pesos para que avalara la deuda al gobierno estatal. Finalmente se haría un exhorto para que se investigue a fondo y de manera independiente las acusaciones contra funcionarios del gobierno bonillista que realizaron “un pase de charola” a empresarios a cambio de futuros contratos. Esta es la tercera vez que se pospone la aprobación de los exhortos. En las dos primeras ocasiones los representantes gubernamentales en el SEA hicieron el vacío al presidente, Francisco Fiorentini. Y hoy, aunque hubo quórum, consejeros ciudadanos afines al gobierno morenista promovieron la suspensión bajo el argumento de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que incide en la composición del Sistema. El pasado 14 de enero la SCJN determinó que todos los consejeros de los sistemas anticorrupción deben recibir un salario mensual. Actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con cinco integrantes, de los cuales uno es ciudadano y otros cuatro son representantes del gobierno federal. Todos reciben un pago. En cambio, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene 15 integrantes, de los cuales 10 cobran y cinco no. Los 15 forman parte del Consejo de Participación Ciudadana. Además, el SEA cuenta con un Comité Coordinador integrado por 22 personas, de los cuales 11 son representantes del gobierno y los otros 11 son ciudadanos. El voto de calidad lo tiene el presidente, Francisco Fiorentini, también ciudadano. Hoy ese comité coordinador –con la asistencia de 16-- es el que “reventó” la sesión para evitar la aprobación de los exhortos. El consejero ciudadano de Tijuana, Ricardo Zurita, solicitó suspender la sesión hasta que se tenga claridad en los alcances de la resolución de la SCJN. Zurita fue secundado por la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, quien propuso “que se suspenda la sesión, pero que quede asentado que fue durante la discusión del orden del día (que es donde se discutirían y aprobarían los exhortos)”. Por su parte, Francisco Fiorentini aseguró que hay un claro interés por frenar los trabajos y bloquear los exhortos que van dirigidos a funcionarios de la actual administración. Incluso dijo a los “reventadores” que sus hechos no corresponden a sus acciones en el combate a la corrupción. Y adelantó que buscará una entrevista con el gobernador Jaime Bonilla para saber si el bloqueo es premeditado o si él desconoce lo que están haciendo sus representados.