CHILAPA, Gro. (proceso.com.mx).– Familiares de víctimas y los LeBarón emplazaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner orden en el país desde está franja indígena de Guerrero, donde denunciaron que la incapacidad y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia ha dejado una estela de muerte, desaparecidos y desplazados. Esta medio día, mujeres viudas y niños huérfanos por la violencia –todos indígenas nahuas– encabezados por Julián LeBarón Ray, Adrián LeBarón Soto y Bryan LeBarón Jones, así como la activista María Elena Morera y el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria marcharon y realizaron un mitin en la plaza central de Chilapa para lanzar un grito de auxilio y exigir “seguridad, paz y justicia”. Al respecto, el profesor José Díaz Navarro sintetizó el drama que se vive en este municipio de la montaña baja de la entidad, donde los niños indígenas decidieron tomar las armas ante la ola imparable de asesinatos y después de andar en los cerros buscando, con pala en mano, a sus padres desaparecidos en fosas clandestinas. En el último lustro se ha registrado la desaparición de al menos 500 personas y un promedio de mil 500 asesinatos en Chilapa, Zitlala y Hueycantenango, indicó Díaz Navarro, un docente que dejó las aulas y fue desplazado de Chilapa por señalar al actual diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, y a la banda de Los Ardillos como responsables del crimen de sus hermanos Alejandrino y Hugo en noviembre de 2014. Díaz Navarro recordó que en este tiempo ha sufrido tres atentados, y afirmó que la principal causa de desplazamiento o migración en la montaña baja de Guerrero es la violencia ligada a los grupos crimínales que actúan bajo el manto protector del gobierno en sus tres niveles. Como ejemplo, mencionó el caso de 50 personas que huyeron de Chilapa por la violencia y, después de solicitar refugio al gobierno de Estados Unidos, actualmente radican en el estado de Oregon. Incluso, dijo que el grupo de Los Ardillos, que dirige la familia Ortega Jiménez, desplazó a la banda de Los Rojos de Chilapa desde mayo de 2015, cuando sitiaron por una semana la cabecera municipal y desaparecieron a más de 30 personas. Ahora, los Ortega Jiménez, dijo, controlan políticamente los ayuntamientos de 20 municipios de la región Centro y Montaña baja, donde manejan directamente la administración y los recursos destinados a obra pública. Además, productores y ciudadanos son obligados a pagar cuota al grupo delictivo de Los Ardillos, así como entregar las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos, afirmó Díaz Navarro. Por ello, lamentó la actitud ante las víctimas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante en campaña anunció una amnistía desde Quechultenango, municipio considerado como el bastión de Los Ardillos. “Ahora no hay tiempo para escuchar a las víctimas de la violencia, y en Chilapa siguen los desaparecidos y los homicidios; el caso más reciente es el crimen de los 10 músicos de Alcozacán, que provocó el alzamiento armado de niños indígenas”, señaló. Violencia generalizada Por su parte, la activista María Elena Morera, de Causa Común, llamó a dejar las diferencias entre los grupos de víctimas y exigir justicia todos, porque “nos están asesinando, desapareciendo y desplazando”. Morera dijo que el drama de Chilapa no podría estar sucediendo si las autoridades “no fueran cómplices de la delincuencia”, y afirmó que esta situación se replica en todo el país. Por ello dijo que está sumada a la voz de las víctimas de Chilapa y lamentó que la incapacidad del gobierno esté llevando a la de ponerle un arma a los niños. En su mensaje, Adrián LeBarón expresó que en todo el país se siente una vergüenza por los niveles imparables de violencia e impunidad. Dijo que no espera que las autoridades hagan justicia en el caso reciente del asesinato de su hija y sus cuatro nietos, ocurrido en noviembre pasado. “Vine a conocer Chilapa desde Galeana, Chihuahua, ubicado en el extremo norte de México, para conocer su historia, su cara y dolor que ahora me conmueve ver a muchas mujeres y niños, pero me fortalece para ser más valiente”, expresó el padre y abuelo de las víctimas de la masacre de La Mora, Sonora. Por su parte, Julian LeBarón exhortó a las víctimas a exigir juntos a las autoridades que asuman su responsabilidad, porque en cada proceso electoral se entrega la confianza a los políticos como si fuera un cheque en blanco y éstos, cuando llegan a los cargos, no cumplen con su obligación de garantizar la seguridad y el desarrollo pleno de las comunidades. Mientras, Bryan Le Barón lanzó un llamado al presidente Obrador para poner orden en el país desde Chilapa, argumentando que, si no puede controlar a bandas crimínales como Los Rojos y Los Ardillos que operan en esta región de Guerrero, menos va a poder con organizaciones delictivas del país que tienen alcances internacionales. Después de los discursos, la familia LeBarón y la caravana se dirigió al poblado de Ahuihuiyuco, zona rural de Chilapa, para constatar el ejemplo de un pueblo fantasma tras la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos donde hace cinco años fueron asesinadas 30 personas, entre ellos una mujer y dos niños.