OAXACA, Oax. (apro).- Ante los casos de violencia cometida contra niñas, niños y adolescentes en el país, entre ellos los asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el feminicidio de la niña Fátima, en la Ciudad de México, es urgente implementar acciones integrales y decisivas contra la violencia infantil, señaló el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reconoció que la violencia ejercida contra las niñas, niños y adolescentes tiene raíces estructurales que se han tolerado históricamente como parte de un sistema social inequitativo, pues en el ejercicio de la violencia se combinan los patrones discriminatorios por edad, desigualdad y la desvalorización cultural implícita en las relaciones con los adultos. Y es que la posición de autoridad de los adultos, la fuerza física, la capacidad y etapa de desarrollo en la que se encuentran, explicó, hace que niñas, niños y adolescentes sean altamente vulnerables a ser víctimas de violencia. La violencia en contra de los más pequeños, dijo, debe considerarse una violación grave a derechos humanos que trasciende la privacidad y particularidad de los casos, pues en realidad se trata de un problema social público y, por ende, una responsabilidad colectiva y un tema de política pública del Estado. Por tal razón, el ombudsman oaxaqueño demandó a los sistemas de procuración e impartición de justicia un trato sensible y diferenciado en la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como apoyo psicológico y psicosocial adecuado a su edad, y personal calificado y capacitado para atender este tipo de problemática social. En tal sentido, demandó un protocolo de recepción y entrega de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, así como la creación de un diagnóstico de la violencia en este sector y justicia con enfoque de derechos. Cualquier acto de violencia sin importar su origen, gravedad o naturaleza, en contra de nin?as, nin?os y adolescentes, es perjudicial, pues atenta contra su dignidad, derechos, libre desarrollo y autoestima, recalcó Rodríguez Alamilla. Y refirió que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 23 denuncias en Oaxaca por corrupción de menores, mientras que en 2015 la cifra fue de cinco. Sin embargo, en las estadísticas de dicha institución no existen reportes de incesto, delito que afecta principalmente a dicho sector de la población, e incluso en la base de datos del SESNSP se encuentra el delito de “rapto” dentro de los indicadores, aun cuando éste fue derogado, lo que implica que no se pueda contar con un diagnóstico preciso de la situación de violencia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Respecto de los recientes asesinatos de tres estudiantes de Llano Grande, Oaxaca, así como el de la niña Fátima, en la capital mexicana, manifestó la necesidad de que se investigue de manera diligente, oportuna y expedita, desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia y adolescencia, teniendo como eje principal hacer justicia a las víctimas de esos crímenes, pero también garantizar la no repetición de los actos. De igual manera, reconoció la urgencia de contar con datos que permitan conocer la magnitud real del fenómeno, pues la mayoría de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes no se denuncian, ya sea por desconocimiento de cómo hacerlo, por miedo o porque ni siquiera se reconoce que están siendo violentados.