GUADALAJARA, Jal. (apro). - La Asociación de Industriales de El Salto (AISAC) se deslindó de los señalamientos del gobierno estatal de que al menos 29 empresas afiliadas a ese organismo son responsables de la contaminación del río Santiago. Las empresas afiliadas a la AISAC dicen estar dispuestas a abrir sus puertas para que se verifique que cumplen con todas las normas ambientales. Reiteran que sus procesos productivos "exigen estándares internacionales de cuidado al medio ambiente que cumplen -y en su mayoría exceden- con requisitos regulatorios tanto de cada país y localidad donde tienen presencia, como de sus respectivos países de origen". Aseveran que algunas empresas cuentan con certificados de Industria Limpia y reconocimientos del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario. También informan que contrataron a laboratorios terceros certificados "para ampliar esta investigación en bien de la comunidad que habita la zona Lerma- Chapala-Santiago", y se demuestre que cumplen "cabalmente con los más estrictos procesos en materia de cuidado al medio ambiente". A través de un comunicado, la AISAC refiere que sostuvo una reunión con el gobierno estatal para reclamar que no existe ningún fundamento para aseverar que ellos contaminan el río, que su imagen resultó afectada, y que están dispuestos a colaborar con el gobierno de Jalisco "para fomentar un desarrollo económico sustentable tendiente a revertir el deterioro ambiental". La AISAC recuerda que en 2019 invirtieron 27.5 millones de dólares "principalmente en tecnología en materia de medio ambiente", y que "representan un sustento económico para 53 mil familias". El pasado 5 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares tras considerar que las poblaciones de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán, aledañas a la cuenca del río, se encuentran en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable por la contaminación. La CIDH, luego de recibir la información del Estado Mexicano sobre las políticas públicas para recuperar y sanear el río, resolvió que la principal medida de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, no era suficiente ni idónea. El Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) junto con la Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitaron a la CIDH las medidas cautelares para los pobladores, y entregaron estudios que documentan que 28 personas fallecieron por enfermedades renales crónicas, causadas por la contaminación, desde 2013 hasta mediados de 2019. El mismo día 5, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez realizó un recorrido en cinco puntos del río Santiago con funcionarios de su gabinete, empresarios, activistas, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para mostrar las obras, en especial de plantas de tratamiento, servirán para mitigar la contaminación de la cuenca. Por su parte, Grupo Urrea envío un comunicado para informar que presentaron ante la autoridad evidencias y documentos “que nos avalan y certifican como una industria limpia”, y están dispuesto a someterse a cualquier procedimiento para comprobar que no contaminan. “Nos hemos sometido ante auditorías en materia ambiental por unidades verificadoras acreditadas por la EMA, las cuales no han otorgado certificados de Industria Limpia en el caso de la federación aprobado por la Semarnat y Profepa, y certificado de Cumplimiento Ambiental Voluntario en el caso del estado de Jalisco en el caso del estado de Jalisco certificado por la Semadet”.