GUADALAJARA, Jal. (apro).- En una revisión que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) detectó que dentro de cárceles de los 125 municipios del estado se comenten agresiones, torturas, abusos, tratos degradantes, suicidios y fallecimientos de personas detenidas por faltas administrativas, con lo que se afecta sus derechos humanos, así como de sus familiares. 

La CEDHJ informó que, en los últimos tres años, se cometieron cinco homicidios, cuatro de ellos en Zacoalco de Torres y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos. En ese mismo lapso, se registraron 16 suicidios, dos de ellos de mujeres ocurrieron en 2020.  

En Lagos de Moreno, Zacoalco de Torres y Tlajomulco de Zúñiga tuvieron dos suicidios cada uno, mientras que, en Guadalajara, Zapopan, Tala, Tequila, Tomatlán, Cuquío, San Miguel el Alto, Talpa de Allende, Zapotlán del Rey y San Juan de los Lagos, fue un caso por cada cárcel. 

A través de la recomendación 2/2020, pidió a los alcaldes de los 125 municipios, corregir todas las irregularidades, entre ellas, la falta de seguridad y vigilancia por parte del personal, no contar con un espacio adecuado hacia las mujeres y adolescentes, insuficientes dispositivos de videovigilancia en los separos (más de la mitad de las cárceles no tienen) y monitoreo deficiente. 

Además, el organismo requirió dar mantenimiento a las cárceles municipales que son insalubres, carentes de adecuada iluminación y ventilación; establecer protocolos para la atención y abordaje de personas pertenecientes a un grupo en situación de riesgo y que exista una adecuada coordinación con los servicios médicos y psicológicos municipales. 

También, contar con más personal de salud; y sobre todo de jueces, puesto que solo hay en el 89% de los municipios; en donde no hay, los policías determinan la sanción administrativa, y pasan días para que el detenido pueda salir. 

La CEDHJ pidió al gobernador, Enrique Alfaro apoye a los municipios con recursos para mejorar las instalaciones de las cárceles municipales y contratar más personal. 

Al Congreso local armonice la legislación para contar una norma que “favorezca el cumplimiento de los ejes rectores de respeto” de los derechos humanos de los detenidos por faltas administrativas, y que en el presupuesto de egresos se incluya una partida para edificar, remodelar, equipar las cárceles municipales.