PACHUCA, Hgo. (apro).- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) anuló las elecciones para presidentes municipales en Tulancingo e Ixmiquilpan, que se suman a la nulidad decretada en Huejutla, en ese caso, por presunta violación al principio que separa a la iglesia del Estado.

Al argumentar alteración de paquetes electorales, violación al principio de certeza, violencia contra funcionarios electorales e irregularidades en al menos 10 casillas, el TEEH anuló las votaciones en Tulancingo, tras resolver el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición Juntos Haremos Historia.

Inicialmente, el programa Preliminares Hidalgo había dado tendencia de triunfo a Damián Sosa Castelán —hermano de Gerardo, preso en el penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos—; sin embargo, posteriormente, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) otorgó constancia de mayoría al priista Jorge Márquez Alvarado, tras una sesión en la que los funcionarios electorales fueron amenazados de muerte.

En su propuesta, que fue validada por el pleno, el magistrado ponente Mario Alberto Cruz expuso que existe evidencia de anomalías en el proceso que culminó con la validación del triunfo priista con una diferencia de 301 votos, ya que tras la elección y durante la madrugada del lunes 19 de octubre, el programa emergente de resultados preliminares, que sustituyó horas antes de la votación al PREP por “falta de confiabilidad", otorgaba a Damián Sosa de Juntos Haremos Historia, que encabezó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 855 votos de ventaja.

Sin embargo, después de una sesión de cómputo y apertura de actas que duró cinco días —la más extensa de los 84 ayuntamientos—, el IEEH otorgó constancia de mayoría como presidente municipal al priista Cesáreo Jorge Márquez Alvarado. Grabaciones y fotografías difundidas en redes sociales por miembros de Morena mostraron la posible violación a sellos de los paquetes, así como alteración de votos para aumentar los nulos.

En el caso de Ixmiquilpan, donde la constancia de mayoría había sido entregada a Vicente Charrez Pedraza, del Partido del Trabajo, el Tribunal anuló la elección al considera que hubo uso de recursos públicos y obras para promover, de manera anticipada, la imagen de quien resultaría ganador.

Vicente es hermano del alcalde saliente, Pascual Charrez, a quien el gobierno de Hidalgo incluyó en una radiografía delictiva en la que lo señala de pertenecer a un grupo dedicado al robo de combustible en la región del Valle del Mezquital, Los Hades.

El Tribunal dará vista de su resolución a la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá hasta antes del 15 de diciembre para ratificar la sentencia local, lo cual derivaría en una elección extraordinaria, o regresar los triunfos al PRI y al PT.

El pasado 21 de noviembre, el TEEH anuló los resultados en Huejutla, que daban el triunfo al exdiputado local Daniel Andrade Zurutiza, del Partido Encuentro Social (PES), al afirmar que el candidato ganador usó mensajes religiosos durante su campaña y que en una capilla en la comunidad de Coacuilco había propaganda política.

El pleno del órgano colegiado también ratificó el empate en Acaxochitlán, por lo que habrá elección extraordinaria.

Damián y el caso UAEH

Continúa la integración de pruebas en el caso por presunto lavado de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa, como principal operador, al hermano de Damián, Gerardo Sosa Castelán.

Al expresidente de Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) el ministerio público federal lo acusa de ser el cerebro de un grupo criminal dedicado a la sustitución de recursos de la casa de estudios a través de triangulaciones.

Una de las rutas de investigación en el lavado de 58.2 millones de pesos es la de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, construida con patrimonio de la Universidad Autónoma de Hidalgo y que transfirió 31.3 millones a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, que movilizó dinero de la casa de estudios a las cuentas de Gerardo Sosa, sus dos hijas y tres testaferros.

El principal accionista de Yolo es Damián Sosa. La FGR no ha librado orden de aprehensión contra él, pero continúa incorporando pruebas de la movilidad del dinero a través de esta empresa y su aumento patrimonial a costa de la UAEH, por medio del testigo colaborador Óscar Pacheco Medina, quien tiene diez acciones de esta empresa. Mil 400 más corresponden a Damián y 180 a Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa Castelán.