COLIMA, Col. (apro).- La Red Desaparecidos en Colima A.C. solicitó la adecuación del marco jurídico e institucional para reforzar y agilizar las acciones de búsqueda, así como facilitar el acceso de los familiares de las víctimas a las diversas formas de apoyo consideradas en la legislación.

Eva Verduzco de la Cruz, secretaria de la organización, presentó un documento con las peticiones, planteamientos y propuestas, durante el foro “Transformemos juntos Colima. Acuerdos para el desarrollo”, convocado por el senador Joel Padilla Peña.

Por tratarse Colima de un estado con una alta incidencia de desaparición de personas, la Red solicitó que la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas --de la Fiscalía General del Estado (FGE)-- sea dotada de un mayor presupuesto, además de herramientas tecnológicas, agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial, peritos especializados en medicina forense y genética forense, así como de psicólogos, tanatólogos y médicos que puedan ofrecer una atención inmediata a las familias víctimas de personas desaparecidas.

Verduzco consideró que la falta de recursos de los estados y la federación vulnera los derechos de las víctimas y de las familias de personas desaparecidas, pues esto “limita y vulnera las acciones de búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y la atención jurídica, lo que podría repercutir en una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estado de Colima y a sus funcionarios, por omisiones en las leyes especiales en materia de víctimas y desaparición”.

De igual manera, propuso que en el momento en que ocurra un delito de desaparición forzada o desaparición por particulares intervenga la Fiscalía General de la Republica (FGR) con protocolos derivados de la Ley en Materia de Desaparición Forzada y no por secuestro.

Ello, porque cuando se denuncia una desaparición forzada, las fiscalías primeramente dan inicio a la indagatoria por el acto punible de secuestro, cuando --según el protocolo de desaparición forzada-- son vitales las primeras 72 horas, y al aplicar protocolos diversos no se podría sujetar a esa normatividad, por lo que afecta en la investigación a corto, mediano y largo plazo.

La también fundadora de la Red, quien desde hace más de tres años busca a su hermano David Verduzco de la Cruz, advirtió la necesidad de que haya un acceso rápido a las ayudas “inmediatas” contempladas en el Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, establecidas en la Ley General de Víctimas y en la Ley para la Protección de Víctimas en el estado de Colima, porque no existen lineamientos para el acceso, desde el momento del acto punible, a las ayudas, apoyos de alojamiento, traslado, gastos funerarios o alimentarios para salvaguardar la protección de las víctimas directas, indirectas y potenciales.

Entre otras propuestas de la Red, Eva Verduzco mencionó que se requiere generar programas de capacitación a servidores públicos de instituciones estatales y municipales en temas relacionados con la desaparición de personas, con el propósito de que tengan conocimientos normativos de la ley de la materia, así como buscar que sean sensibles en la atención a víctimas directas e indirectas, además de evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Pidió que se cumpla el decreto 50 que crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Colima, pues no existe hasta la fecha una ley, reglamento o estatuto orgánico que prevea una normatividad jurídica estatal sobre la misma Comisión de Búsqueda de Personas, lo que opaca las acciones de búsqueda de campo.

Asimismo, dijo, existe una laguna jurídica que no permite ligar ni coordinar acciones que son asequibles a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como las medidas de ayuda y atención psicológica, jurídica --por conducto de un asesor jurídico--, atención médica y tanatología, así como la generación de bancos estatales de datos forenses, establecer un consejo ciudadano de búsqueda, capacitar a las familias para las búsquedas y a las Instituciones de Seguridad Pública en el ejercicio de su intervención.

El colectivo de familiares también demandó que en los delitos relacionados con desaparición de personas se reforme la normatividad jurídica para que se ejecuten acciones que no sean burocráticas, dada la dinámica del delito, en las que puedan coordinarse estados vecinos en razón de colindancias y límites territoriales, impulsando esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

En función de lo anterior, propuso un diálogo entre autoridades federales, estatales, municipales, órganos operativos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y Sistema de Seguridad, con la Red Desaparecidos en Colima A.C. y demás familias de personas desaparecidas y no localizadas.

Lo anterior, a efecto de establecer las problemáticas y dar seguimiento de alternativas para generar políticas públicas efectivas en acciones de búsqueda y de protección a las víctimas.