COLIMA, Col. (apro).- Pobladores de la comunidad indígena de Canoas, acompañados de integrantes de una decena de organizaciones sociales, realizaron este jueves una marcha contra la actividad minera en su territorio y exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorizar el proyecto Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V. con el propósito de explotar un yacimiento de hierro en esa zona. Portando pancartas y lonas, coreando consignas como "¡Agua sí, mina no!", participaron además en la protesta habitantes de poblados vecinos de Canoas que también resultarían afectados, como El Ciruelito, Puertecito de Lajas, El Llano de la Marina, Cedros y Lomas de Ávila Camacho, todas del municipio de Manzanillo. Entre las organizaciones solidarias marcharon el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan --comunidad que en 2014 logró detener un proyecto de extracción de oro en sus inmediaciones--, Frente en Defensa del Maíz, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Verde Colima y Colectivo Ciencia para el Pueblo. Nota relacionada: Minera transnacional busca extender su área de influencia en Colima Después de un recorrido por varias avenidas céntricas de esta ciudad, custodiados por agentes de Vialidad y una patrulla de la Guardia Nacional, los manifestantes llegaron a las instalaciones de la Delegación de la Semarnat, donde fueron atendidos por el encargado del despacho, Carlos Manuel Alcaraz Mendoza, y el subdelegado de Gestión, Pablo Zamorano de Haro. Desde julio pasado, la minera de capital canadiense solicitó permiso a la dependencia federal para extraer mineral de hierro a través del método de cielo abierto en 28.59 hectáreas en el predio El Agostadero, aledaño a las tierras ejidales de Canoas, municipio de Manzanillo, bajo el amparo del título de concesión 234218. Carlos Manuel Alcaraz dijo a los manifestantes que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación y les informó que está prevista una visita próxima a Canoas, por parte de personal de la Semarnat y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para realizar una consulta a la comunidad en torno al proyecto minero, como lo disponen las leyes en materia indígena e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente del Comisariado Ejidal de Canoas, Raymundo Campos Muñoz, quien estuvo acompañado por Salud Valencia Ramos, secretaria de la mesa directiva, y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, expresó al funcionario que esa población no quiere más consultas, puesto que ya en dos ocasiones en asamblea ejidal y vecinas se declararon como territorio libre de minería y posteriormente entregó las actas protocolizadas ante notario público. Nota relacionada: Colima ocupa el primer lugar nacional en territorio concesionado para actividades mineras Alcaraz Mendoza trató de convencer a los manifestantes de que es necesario realizar la consulta para cumplir con todas las formalidades del procedimiento y, sin alcanzar acuerdos claros en ese sentido, convinieron que los funcionarios de la Semarnat avisarán con días de anticipación la fecha de la visita al pueblo. No obstante, en un pronunciamiento leído por Salud Valencia ante funcionarios y periodistas, los manifestantes exigieron que se reconozca públicamente el rechazo de la comunidad indígena de Canoas al proyecto minero Rufus 5 y a cualquier proyecto minero relacionado con su territorio susceptible de afectar sus derechos e intereses. Con base en experiencias locales, como la minera Peña Colorada en Minatitlán, así como casos nacionales e internacionales, consideraron que la minería es una actividad detonadora de problemas ecológicos y de desestructuración, ya que los impactos que sufren los territorios por las labores de exploración y explotación de las empresas mineras se traducen en depredación de los recursos naturales, impactan negativamente en el equilibrio ecológico, dañan la salud de las personas y generan inestabilidad social. "Estos daños, en mayor o menor medida, contribuyen a la contaminación y agotamiento del agua, la contaminación de suelos, el desgajamiento de cerros, la contaminación por ruido, la intrusión en zonas naturales protegidas, la explotación y el transporte clandestino de minerales, la desestructuración territorial, además que se relacionan con amenazas a opositores, desapariciones y muertes de lugareños, según diversas investigaciones". Recordaron que Colima ostenta, con el 41% de su territorio, el primer lugar nacional en superficie territorial concesionada para actividades mineras, aunque aclararon que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales. En el caso del proyecto que se pretende desarrollar en la región de Canoas, expusieron que las 28.59 hectáreas del predio a explotar por 16 años tienen una cobertura vegetal que corresponde en un 68.27% a la selva mediana subcaducifolia y un 31.73% al bosque de encino, por lo que su remoción representaría la muerte de 11,454 árboles de 39 especies distintas y el desplazamiento de la fauna. "Esto significa además la erosión del suelo, la contaminación por polvo producto de la actividad minera y la disminución en la captación de agua subterránea".