COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– Representantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Mameycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuentran desde hace más de un año bajo el asedio de la minera Peña Colorada, que pretende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.

En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron situaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.

Inicialmente la queja había sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el expediente.

Después de pedir el informe a las autoridades señaladas como responsables, la comisión estatal citó a los quejosos a la audiencia de vista, donde el visitador Pedro Alejandro Mejía Chávez les dio a conocer el informe justificado rendido por el gobierno estatal y la Dirección de la Policía Estatal Acreditable (PEA).

A través de los documentos, el gobierno estatal negó que elementos de la PEA hayan participado en los actos violatorios de los derechos humanos señalados en la queja suscrita por el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, quien fue exhortado a aportar más datos, como números de placas de circulación o números de identificación de las unidades policiacas que habrían participado en los hechos.

Los representantes de las comunidades estuvieron acompañados por el representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, y por el presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), Mario Ciprián Flores.

Durante la diligencia ante la CDHEC, el visitador Mejía Chávez preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con la respuesta de la autoridad señalada como responsable, a lo que aquellos expresaron su desacuerdo.

Mario Ciprián argumentó que las patrullas de la Policía Estatal de Colima habían ingresado hasta el crucero de Cerro Prieto, aproximadamente a un kilómetro de la comunidad La Astilla, y rememoró que estas incursiones han sido comunes en los últimos años, como cuando en 2007, en el contexto del conflicto limítrofe, fueron detenidos temporalmente siete ejidatarios de la comunidad Plan de Méndez por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima, sin que se abriera un expediente.

Fermín Flores leyó un documento dirigido al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, en el que señaló que desde el año pasado las localidades nahuas de El Mameycito y La Astilla se encuentran amenazadas por el Consorcio Minero Peña Colorada, que “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”.

Añadió que, en febrero de 2020, la minera “empezó a hacer la tala a matarraza de las áreas forestales de ambas localidades y la apertura de caminos para maquinaria pesada”, con “apercibimientos por el personal minero a la población indígena de que no podrían seguir realizando las actividades en sus parcelas y potreros, lo que en conjunto representa un proceso de desplazamiento forzado y cuya atención y solución compete a instancias federales relacionadas con la expedición de permisos de cambio de uso de suelo, concesiones mineras, impactos ambientales, protección del ambiente, derechos agrarios, entre otros”.

Suscrito por pobladores de La Astilla y El Mameycito, así como de las organizaciones que los respaldan, el documento consideró necesario que la CDHEC se pronuncie sobre “las cuestionables y hostiles actuaciones de la Policía Estatal contra la población indígena y sobre los procedimientos amañados de las autoridades ministeriales estatalescontra indígenas asentados en el área de conflicto territorial entre los estados de Colima y Jalisco”.

Así también, pidió que se investigue “el impedimento por la fuerza de la realización de obras y prestación de servicios públicos a la población indígena en la zona en litigio por las autoridades del estado de Jalisco para imponer en su lugar obras y servicios por parte del estado de Colima con el fin de aparentar legalidad de la imposición de actos de autoridad en la zona de conflicto”.