PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).- El Instituto Electoral de Hidalgo (IEEH) otorgó la constancia de mayoría que valida la victoria del priista Cesáreo Jorge Márquez Alvarado para la presidencia municipal de Tulancingo, luego de una sesión que duró cinco días en la que los partidos Morena y PRI denunciaron alteració de las actas y enmarcada por amenazas de muerte contra los consejeros electorales municipales.

La madrugada del lunes 19 de octubre, tras la elección, el programa emergente "Preliminares Hidalgo 2020" –que sustituyó horas antes de la votación al PREP por “falta de confiabilidad”– otorgaba a Damián Sosa Castelán, de la coalición "Juntos Haremos Historia" que encabezó el Movimiento de Regeneración Nacional, tendencia de triunfo con una diferencia de 855 votos.
 
No obstante, tras el cómputo total, el IEEH afirmó que el PRI revirtió los resultados y, con base en las actas, obtuvo una ventaja de 296 sufragios, en un recuento en el que, según el órgano comicial, hubo 2 mil 273 votos nulos.
 
Damián Sosa acusó al PRI, partido en el que militó por tres décadas y por el que fue diputado local, de, “fiel a su costumbre”, querer “arrebatar en la mesa lo que no ganó en las urnas”. 
 
Tras pedir al gobernador del estado, Omar Fayad, y a la dirigencia estatal del PRI sacar las manos del conteo de votos, anunció que defenderán el resultado que les otorgaba tendencia de triunfo.
 
Morena acusó que, durante la madrugada de este día, había culminado el cómputo con 15 mil 532 votos para Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, exdiputado federal priista ligado al grupo político del senador Miguel Ángel Osorio Chong, contra 15 mil 840 para la coalición que integraron Morena, PT, Partido Verde y Encuentro Social, lo que significaba una ventaja de 308 votos para Damián Sosa.
 
No obstante, acusaron que, aunque había una sábana con resultados, tras una llamada supuestamente a la presidenta del consejo se declaró un receso y el recuento total.
 
La presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, había reconocido las presiones y amenazas contra los consejeros municipales, lo cual, aseguró, había aletargado el conteo. 
 
“No es únicamente presión política, han sufrido amenazas de muerte, han encontrado coronas afuera de sus casas y eso también ha generado mucha presión a nuestros funcionarios del órgano desconcentrado”, declaró el sábado en sesión permanente Vázquez Benítez, cuando sólo 47 paquetes habían sido contados.
 
Asimismo, pidió a las fuerzas políticas que habían manifestado las posibles irregularidades, inclusive la intromisión de fuerzas externas, actuar con responsabilidad y permitir que el consejo terminara el cómputo.
Tras una evaluación de potenciales riesgos, el IEEH aprobó ese mismo día sustituir a los integrantes del consejo electoral municipal y la estructura técnico-administrativa. El equipo sustituto, afirmó, sería integrando por funcionarios con experiencia en estos procesos.
 
El de Tulancingo es el único caso en el que los resultados del sistema informático Preliminares Hidalgo se revirtieron. En Pachuca, otro municipio donde la diferencia de 0.5 por ciento, 373 votos, obligaba al recuento, el número final avalado por el IEEH fue 2 mil 234 sufragios de distancia entre el PRI, que declaró ganador, y Morena, cuyo candidato Pablo Vargas González afirmó que encontraron boletas que fueron contabilizadas nulas con lo que asegura son dos tintas distintas. 
 
Este mismo supuesto modo, así como la violación de sellos de actas, acusaron representantes de Regeneración Nacional en Tulancingo.
 
Tras la entrega de esta constancia –aunque continuarán las impugnaciones anunciadas por partidos y candidatos– suman 82 de 84 municipios con alcaldes electos. Sólo en Zimapán no ha concluido el cómputo, mientras que en Acaxochitlán hubo un empate entre dos aspirantes, a la espera de un resolutivo final por parte de la autoridad electoral. 

Damián recurre amparos

A la par de su campaña y estrategia postelectoral, Damián Sosa continúa en busca de protección federal ante una probable orden de aprehensión, detención o comparecencia por el caso que tiene a su hermano Gerardo, otrora presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en el penal del Altiplano acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.
 
El excontendiente de Morena acumula cinco solicitudes de amparo, el último, que corresponde al expediente 797/2020, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo, lo presentó el 16 de octubre, dos días antes de las votaciones. 
 
A éste se suman los expedientes 592/2020 y 681/2020, en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, así como 637/2020 y 737/2020, en los Juzgados Segundo y Primero de Distrito de Hidalgo, respectivamente.
 
En el caso de lavado que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a su hermano Gerardo, Damián es referido por el testigo Óscar Pacheco Medina por ser el mayor accionista de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, construida con patrimonio de la Universidad Autónoma de Hidalgo y una de las firmas utilizadas para la dispersión de recursos, ya que transfirió 31.3 millones a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, que movilizó dinero de la casa de estudios a las cuentas de Gerardo Sosa, sus dos hijas y tres testaferros.