AGUASCALIENTES, Ags. (proceso.com.mx).– La Fiscalía de Aguascalientes se negó a buscar en un predio propiedad del gobierno del estado los cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada en el periodo 2010-2015 provenientes de Jalisco y Aguascalientes.

El reporte se dio a conocer tras información proporcionada por fuentes anónimas al Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) y al Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.

En punto de las 10 de la mañana de este sábado, personal de la Policía Estatal, Municipal, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales se presentaron en el lugar, ubicado en el velódromo de la ciudad capital de Aguascalientes, y acordonaron la zona.

De acuerdo con el reporte, los cuerpos de las presuntas víctimas podrían encontrarse en el interior de dos pozos con más de 60 metros de profundidad. Al lugar no se presentó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Tras obligar a los medios de comunicación a salir del predio, autoridades municipales informaron que no seguirían con la búsqueda si familiares y activistas permanecían en el lugar. Por su parte, personal de la Fiscalía del Estado abandonó la zona sin ofrecer mayor información.

“Estamos hablando de desaparición forzada, podrían estar implicadas autoridades. Nosotros denunciamos a cada una de las autoridades que deberían estar en la búsqueda, conforme al protocolo. Llegaron, hicieron algunas maniobras y la condición fue que nos teníamos que retirar. El protocolo y la Ley General de Búsqueda de Personas marca la participación de familiares, acompañantes y equipo jurídico durante las acciones de búsqueda. La autoridad quiere continuar de manera ilegal”, señaló Mariana Ávila, integrante del OVSGA.

Durante más de una hora, personal del velódromo, adscrito al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), amenazó a activistas y familias de víctimas que, de seguir al interior, no se les permitiría volver a salir. El cordón de seguridad se retiró y se pusieron candados en las puertas.

“Es una derrota para nosotros y un triunfo de la Fiscalía. Llevo 13 años buscando a mi hijo, aquí nos intimidaron, nos presionaron, nos condicionaron a que si nos quedábamos nos iban a encerrar y no podríamos volver a salir del predio”, señaló Javier Espinosa, padre de Javier Espinosa Almanza, desaparecido en 2007 en Aguascalientes.

Los alrededores de la zona fueron señalados en la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser escenario de torturas entre 2010 y 2015 a manos del entonces procurador de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, cesado en 2019 de su puesto como subprocurador especializado en investigación de delitos federales de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es una irresponsabilidad del fiscal, Jesús Figueroa. Desde el miércoles estamos buscando a los fiscales especializados, ellos ya tenían conocimiento y nos dejaron solas, dejaron solas a las familias de víctimas, no hicieron caso a las denuncias. Es una violación a los derechos humanos, obstaculizan el derecho a la justicia”, acusó Violeta Sabás, coordinadora del OVSG.