VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Luego de cuatro días de bloqueos en carreteras y calles, además de detenciones y desalojos, el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, dio por concluido el censo de damnificados por las inundaciones, que garantiza la entrega de 10 mil 500 pesos en una sola entrega a cada familia. El funcionario federal lamentó que la inconformidad social impidiera a los Servidores de la Nación entrar a las comunidades para censar, casa por casa. “Hubo boicot y bloqueos”, se quejó. “Fue algo raro: antes se protestaba porque no le daban nada a la gente, ahora se protesta porque se les da. Paramos también (el censo) porque estaba en riesgo la seguridad de los Servidores de la Nación, nos los retuvieron y nos los liberaron ya muy tarde”, abundó. May Rodríguez fue más allá y dijo que quienes “no quieren a Tabasco” y no sufrieron afectaciones por la inundación son los orquestadores de los bloqueos, y precisó que hasta ahora alrededor de 15 mil familias damnificadas cobraron los 10 mil 500 pesos en efectivo. Los pagos se realizan en el Centro de Convenciones de Villahermosa, donde hay enormes colas para el cobro. El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que finalmente fueron censadas en sus casas más de 30 mil familias para el pago por afectaciones. Nota de interés: Adán Augusto denuncia una “mafia” en CFE que daña a Tabasco con inundaciones Respecto de los bloqueos, sostuvo que su gobierno es respetuoso de la libre manifestación, pero se hará respetar la ley y se actuará contra quienes atenten contra los derechos de terceros, cerrando vías de comunicación. “Si bloquean un camino, una carretera, se actuará y se hará respetar la ley”, advirtió. Uno de los más violentos desalojos ocurrió la noche del miércoles 14 en la colonia Las Gaviotas de Villahermosa. Niños, embarazadas, ancianos, hombres y mujeres fueron golpeados y gaseados por policías antimotines del gobierno del estado para liberar un puente bloqueado. Sólo ayer se reportaron 24 bloqueos en diversos municipios del estado, entre ellos la carretera Villahermosa-Teapa, donde los damnificados fueron dispersados con disparos al aire y varias mujeres detenidas y arrastradas hasta las patrullas. El mismo día, indígenas chontales que mantenían cerrada la carretera Villahermosa-Puerto de Frontera, a la altura del poblado Simón Sarlat, enfrentaron a los antimotines, quienes los dispersaron con balazos al aire y gases lacrimógenos. Este viernes, hasta las 17 horas, sólo permanecían bloqueados tres tramos de la carretera Villahermosa-Nacajuca, éste último municipio habitado mayoritariamente por indígenas chontales que perdieron todo en la inundación y no habían sido censados para recibir los apoyos ofrecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador perredista Juan Manuel Fócil repudió que el gobernador Adán Augusto aplique “la ley garrote” contra los damnificados, y exigió al presidente López Obrador que cumpla su palabra de apoyar a todas las familias afectadas por la inundación. Criticó que oficialmente se haya reconocido que hubo más de 600 mil damnificados y únicamente se entreguen 30 mil apoyos de 10 mil 500 pesos. El PRI-Tabasco también condenó el uso de la “ley garrote” para sofocar protestas de los damnificados y pidió al presidente López Obrador que no siga callado y fije una postura ante “la anarquía” que vive Tabasco.