TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del estado (FGE) por el caso de tres personas fallecidas en enero de 2019, cuando un grupo civil armado y policías municipales agredieron a manifestantes que protestaban contra el entonces alcalde de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga. En conferencia de prensa, el abogado Leonel Rivero, el vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), Eric Bautista, y familiares de los tres fallecidos, señalaron que fueron notificados de la recomendación emitida por la CNDH a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; a su secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, por lo hechos trágicos donde perdieron la vida Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez y Carlos Mayorga Guerrero. De acuerdo con el vocero, en el municipio de Amatán la familia Carpio Mayorga estableció su cacicazgo al amparo del poder político que ha gobernado el estado de Chiapas, utilizando para ello las siglas de diversos partidos políticos (PAN, PVEM y Morena). Esa familia, sostuvo, caracterizó su mandato implementando una política de exclusión social al no invertir en obras de infraestructura social comunitaria, aliándose a la delincuencia organizada y fomentando un grupo paramilitar para agredir toda expresión de protesta social. En consecuencia, diversas comunidades, barrios, sectores sociales, organizaciones de productores, comerciantes, transportistas y el Mocri-CNPA aglutinaron su descontento en el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA) y establecieron un plantón pacifico frente al palacio municipal el 20 de agosto de 2018. Ante la falta de voluntad política y sensibilidad social de los gobiernos estatal y federal para atender y resolver el grave conflicto –abundó--, conformaron el Consejo Indígena y Popular de Amatán el 30 de noviembre de 2018, para impulsar una política incluyente que conllevara el desarrollo social y humano de la población en general. Sin embargo, durante 2018 un grupo de corte paramilitar perpetró más de 30 agresiones con diferentes tipos de armas contra integrantes del movimiento ciudadano. El 22 de noviembre fue asesinado Carlos Mayorga Guerrero, y en diciembre se incorporó a sus integrantes al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (MPDDHyP). “No obstante la gravedad del conflicto social, ni los gobiernos estatal y federal salientes, ni los gobiernos electos y en transición, atendieron los reiterados llamados de intervención para evitar un desenlace fatal, por lo que con la impunidad asegurada por parte de los padrinos políticos de los Carpio Mayorga, se orquestó la agresión policiaco-paramilitar el 17 de enero de 2019 contra el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, trayendo consigo la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”, apuntó Bautista. Por eso, la CNDH emitió ayer la recomendación No. 39/2020/VG, sobre violaciones graves a derechos humanos acontecidas durante la conflictividad social suscitada en el municipio de Amatán. Dicha recomendación --dirigida a las autoridades federales y estatales señaladas anteriormente, así como a la alcaldesa de Amatán, Lilia Arias Méndez-- corrobora la ejecución arbitraria o extrajudicial de los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, así como la privación de la vida de Carlos Mayorga Guerrero. De la recomendación emitida por la CNDH, dijo el activista, se desprende claramente que los perpetradores del doble asesinato actuaron con la aquiescencia de las autoridades federales y del estado de Chiapas. “Fue el Estado” el responsable de la agresión y violaciones graves a los derechos humanos de sus compañeros y demás integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, apuntó. Los gobernantes postulados por el partido Morena, abundó, violaron gravemente los derechos humanos de los asesinados. Las familias de las víctimas pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que acepten en todos sus términos la recomendación emitida por la CNDH, y sean congruentes con su discurso que diariamente repiten en todos los espacios públicos, de ser un gobierno que respeta y ciñe sus actos al “estado de derecho”. El abogado Leonel Rivero manifestó que dicha recomendación es importante en la búsqueda de justicia para las víctimas, sus familias y los integrantes del Movimiento por la Paz la Justicia y el Bien Común de Amatan, los cuales han luchado por mejorar las condiciones de vida de las comunidades del municipio. “Para nosotros esta es la mejor prueba de que el problema no es solamente local, como siempre lo han querido reducir. Que nuestros compañeros no solamente fueron asesinados por el grupo caciquil, sino que en esencia fue el Estado y sus instituciones señaladas las que con su omisión y aquiescencia generaron las condiciones para tan atroz crimen y represión en contra de las comunidades; esta recomendación es una reivindicación a las demandas que dieron origen al conflicto, el cual debe ser atendido y solucionado de fondo”, subrayó. Entre otros puntos, la CNDH plantea una disculpa pública a los familiares y agraviados de Amatán, así como una reparación económica por los agravios, y una sanción penal y administrativa en contra de los autores materiales de esos crímenes y daños, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.