Miguel López Vega, primer preso político del gobierno de Barbosa, acusan organizaciones
PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones, colectivos e incluso militantes de Morena se unieron este lunes a la demanda para exigir la liberación del ambientalista y defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega, a quien ubican como el primer preso político del gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta.
En sus redes sociales, Artículo 19 demandó a la Fiscalía General de Puebla dejar libre a López Vega --también comunicador de la estación indígena radio Zacatepec--, detenido el pasado viernes 24, después de salir de una reunión con autoridades estatales.
El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las posibles violaciones a los derechos no sólo de López Vega, sino de los habitantes de Juan C. Bonilla que se han manifestado contra la construcción de un drenaje de aguas industriales que desembocaría en el río Metlapanapa.
Claudia Martínez Sánchez, directora del Colectivo, señaló que la CNDH ya envió representantes a la zona en conflicto para investigar sobre los hechos señalados, que colocan a López Vega como el primer preso político de la 4T en Puebla.
Otras agrupaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, Comité por la Liberación de Presos Políticos y contra la Represión Social, El Barzón, Cholula Viva y Digna, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, Congreso Nacional Indígena y el Consejo Magisterial Poblano, entre otras, también se unieron a la demanda de liberar al ambientalista.
Los diputados morenistas federal y local, Alejandro Carvajal y José Juan Espinosa Torres, respectivamente, señalaron que las acciones del gobierno contra los defensores del río Metlapanapa afectará la credibilidad de su partido.
La agrupación Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR) refirió que los pueblos de esa región “impulsan la defensa del territorio para frenar la especulación de la tierra que inversionistas y empresas han promovido para sus propios intereses, dañando la fauna y flora, contaminando el agua, encareciendo la tierra y despojando a los originarios durante años”.
“…exhortando al gobierno de Miguel Barbosa Huerta no repita la historia de represión y presos políticos que dejó Moreno Valle, que en su momento condenó el actual gobernador, así mismo exigimos retire a la Guardia Nacional de Santa María Zacatepec pues más allá de mostrar su intención de diálogo sólo muestra intolerancia por parte de su gobierno”, recalcó la CHUR.
López Vega, quien también forma parte del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierral Morelos, Puebla y Tlaxcala, y ha sido un activo opositor al gasoducto Morelos, es señalado de los delitos de obstruir la ejecución de obra pública, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.
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El representante comunitario de Santa María Zacatepec participó en las últimas semanas en acciones de resistencia junto a pobladores de esa región del municipio de Juan C. Bonilla, para evitar el avance del Proyecto de descarga de aguas residuales de la Ciudad Textil de Huejotzingo en el río Metlapanapa. El proyecto incluiría la instalación de proveedores de Audi y Volkswagen en esa zona.
El pasado 30 de octubre, los pobladores se enfrentaron a policías estatales y municipales, así como a elementos de la Guardia Nacional que pretendían abrir paso, por medio de la fuerza, a la maquinaria que instalaría los tubos del drenaje.
Desde hace meses los pobladores mantienen una guardia permanente para evitar la consumación de la obra, pues en agosto del año pasado realizaron una sesión abierta de Cabildo en la que confirmaron su negativa a los permisos para el paso de drenaje que, aseguran, aumentará el grado de contaminación del afluente, del que depende su consumo humano y sus actividades agrícolas.
En la confrontación del 30 de octubre, los pobladores denunciaron que fueron agredidos y gaseados por los policías que buscaban hacerlos a un lado para dejar pasar la maquinaria. En estos hechos fue quemada una camioneta propiedad del Sistema Operador de Agua de Puebla.
López Vega es acusado de encabezar ese hecho, con base en dos testimonios que aseguran haberlo visto lanzar piedras y una bomba molotov contra la unidad.
El sábado 25, un juez de control negó al activista el derecho de libertad bajo fianza, bajo el argumento de su “peligrosidad” por haber usado “armas y explosivos”.
“Dos declaraciones con conflictos de intereses son los únicos datos de prueba que justifican injustamente la prisión oficiosa del defensor del territorio”, señaló el Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Hasta este lunes, los pobladores mantienen un plantón permanente para evitar que la obra del drenaje industrial avance, y el cierre parcial de la carretera a Huejotzingo para exigir la liberación de López Vega.
El gobierno estatal estableció una mesa de diálogo con los pobladores. En ese marco, el secretario general de Gobierno, David Méndez Márquez, sostuvo que la detención del activista era un asunto competencia de la Fiscalía General del estado (FGE), derivado de los hechos violentos ocurridos el 30 de octubre.
Bajo este argumento y con la observación de que se había abierto el diálogo, el funcionario rechazó que haya presos políticos en el gobierno de Barbosa Huerta.
“En Puebla se acabaron las prácticas de represión y autoritarismo que se vivieron en gobiernos pasados y, por lo tanto, no existen ni existirán presos políticos”, subrayó.