PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 denunció que en las últimas semanas el portal de noticias e-consulta y su director, Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal. A menos de dos meses de haber asumido el poder, Luis Miguel Barbosa Huerta es señalado como sospechoso de borrar información periodística que lo comprometía. De acuerdo con la denuncia, el pasado miércoles 4 e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web, mediante el cual se eliminó un video donde se observaba al gobernador morenista ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital. “El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video”, expone la organización, que defiende el respeto al derecho de libertad de expresión y de acceso a la información de todas las personas. “Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo”, precisa Artículo 19. También acusa que este medio de comunicación poblano y algunos de sus reporteros han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla, quien arrancó su administración el 1 de agosto. “El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador le contestó: ‘No me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta, pero yo no me dejo’”, relata. De igual manera, señala que hubo otras situaciones similares las campañas por la gubernatura. Y cita lo ocurrido el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, cuando el entonces candidato de Morena calificó de “panista” al reportero de e-consulta Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña. A partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio, e igual lo han hecho otros miembros de su gabinete actual por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil. Por otra parte, como ocurrió en el sexenio de Rafael Moreno Valle, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, denunció que ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación. En una de las cartas firmada por Vélez Macuil y en poder de Artículo 19 se acusa que las publicaciones de Ruiz Rodríguez están “impregnadas de insidia” y tienen un claro interés de “desestabilizar”, al descalificar toda acción que el gobierno inicia. “…acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionadas, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones”, dice la carta firmada por Vélez Macuil. “Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso”, agrega. Para dar otro ejemplo se reproduce otra carta que fue enviada por uno de los hombres cercanos a Barbosa Huerta, el exdiputado local Eric Cotoñeto Carmona. “…debo de decirle”, advierte el escrito, “que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque”. “…Sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena”, agrega, “así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”. Además, se hace referencia a las supuestas conversaciones de WhatsApp que fueron publicadas el pasado lunes 23 en el periódico Diario Cambio entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; supuestamente para fraguar “un complot” en contra de Vélez Macuil para que fuera destituida del área de Comunicación Social. Artículo 19 detalla que, a decir de Ruiz Rodríguez, esto constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona, pues niega haber tenido esa conversación, y que más bien la publicación de la conversación de WhatsApp se trató de un armado de imágenes falsas y trucadas. La organización refiere que las expresiones citadas en las cartas son riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas. “En este sentido, los funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico”, expone. Artículo 19 indica que esto no significa que las funcionarias y funcionarios públicos dejen de ejercer su derecho de réplica, pero cuando en sus respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, añade, no se abona a una relación democrática con los medios de comunicación y, por el contrario, se nutre la hostilidad contra la labor periodística, que ya en México se encuentra bajo asedio. “ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental”, reclama la organización. Y pide al mandatario no desvirtuar el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, “no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables”.