GUADALAJARA, Jal. (apro).– La Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco ordenó al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) y al Instituto Jalisciense de Vivienda (Ijalvi, antes Iprovipe), que detengan la venta de la Villa Panamericana y no emitan ninguna licencia municipal ni certificado de habitabilidad. En caso de desacatar la petición, serían sancionadas por el delito de abuso de autoridad, advirtieron organizaciones civiles. El requerimiento fue entregado a ambos institutos el pasado 30 de agosto, y se les otorgó un plazo de cinco días para acreditar ante la Sexta Sala que acataron la medida cautelar, demandada dentro del juicio de nulidad 381/2013, informó Salvador Cosío, de la asociación Conciencia Cívica. El gobernador Enrique Alfaro justificó la venta de la Villa Panamericana al asegurar que es la única forma de recuperar el dinero de los trabajadores. En ese sentido, Salvador Cosío recordó que el Ipejal invirtió 345 millones de pesos, mientras que el entonces Iprovipe, ahora Ijalvi , prestó a los constructores 860 millones de pesos con un interés mínimo y sin garantía, para construir la Villa Panamericana.

“Hay un convenio que se quiere firmar, en donde reciben a cinco años casi sin intereses, aportando 30 millones de pesos anuales durante cinco años, son corcholatas contra una infraestructura que van a poder vender en cuatro veces esa cantidad, que bonito negocio (...), además obligan (al municipio de Zapopan) a hacer obras” en beneficio de los compradores, apuntó.

A la vez, cuestionó que, con el pretendido decreto para evitar más construcciones en la zona, lo único que se conseguirá es darle más plusvalía a la Villa Panamericana, y no detener el daño ambiental. “Son absurdos que están cometiendo y quieren engañar con espejitos a la sociedad (...) el tema es claro, hay una voracidad de empresarios (...) hay una complicidad de parte del gobernador (...) y del Ijavi”, comentó Cosío. En caso de que las autoridades demandadas incumplan con la medida cautelar “serán sancionadas en los términos que el Código Penal del Estado establece para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independiente de cualquier otro delito en que incurran”, se lee en la notificación. Además, los titulares de las dependencias se les aplicaría una multa equivalente a 60 unidades de medida y actualización. Respecto a la medida cautelar que se otorgó a las autoridades y a los constructores dentro del juicio 2232/2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativo para que puedan vender los departamentos de la Villa Panamericana, los inconformes advirtieron que es “infundada y no puede surtir efectos”, puesto que existen suspensiones vigentes que se dieron con anterioridad en los juicios 82/2011 de la Cuarta Sala y el 381/2013 de la Sexta Sala, refirió el abogado Alejandro Cárdenas Enríquez. Agregó que, al ser contradictorias con las que cuentan a la otorgada por la Segunda Sala, deben prevalecer las primeras. Los inconformes –Fundación Cuenca Lerma Chapala, Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado– recalcaron que el complejo Panamericano es un “negocio privado con recursos públicos”, se construyeron “violentando la normatividad urbana, ambiental y económica-administrativa, con la complicidad y acciones de autoridades y especuladores desde finales del año 2009”. Reiteraron que las Villas Panamericanas representan un riesgo para la recarga hidrológica y una afectación a la flora y fauna del Bosque de la Primavera. Por su parte, el líder de la Federación de Sindicatos del Estado, Sergio Padilla, reiteró que están en contra de la venta del complejo habitacional por el daño que causaría a la ecología. Exigió que se dé curso a la denuncia que presentaron en 2015, ante la entonces Procuraduría General de la República, en la cual ya están consignadas 25 personas por la construcción irregular de la Villa.