MÉRIDA, Yuc. (apro).- En el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom), este miércoles inició el juicio contra Martín Alberto Medina Sonda por el crimen de su exesposa Emma Gabriela Molina Canto, quien se convirtió en emblema de la lucha contra el feminicidio en Yucatán. La diligencia –a más de dos años de la ejecución de Ema Gabriela, debido a que la defensa del imputado promovió un amparo-- se realizó a través de un videoenlace, en virtud de que Medina Sonda purga una sentencia por lavado de dinero en un penal de Tabasco. El otrora influyente empresario y su presunto cómplice, Juan Ramón Moreno Hernández, serán enjuiciados por el Tribunal Primero de Juicio Oral, integrado por los jueces Fabiola Rodríguez Zurita, Nidia Celis Fuentes y Niger Pool Cab. Durante el proceso, la defensa de Medina Sonda desahogará 165 pruebas, y la de Moreno Hernández, “El Cachorro”, 161. En contraparte, la Fiscalía General del estado (FGE) presentará 69 pruebas documentales, 46 testimoniales, 16 periciales, 33 materiales y una prueba anticipada. Además, pidió la pena máxima para los acusados, así como sanción máxima pecuniaria, reparación del daño, amonestación pública, suspensión de sus derechos políticos y la negación de beneficios. También demandó 8 millones 586 mil pesos como reparación del daño a las víctimas y 25 mil 758 pesos por concepto de gastos funerarios. El 27 de marzo de 2017, Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad, por dos sicarios tabasqueños que recibirían un pago de 60 mil pesos al consumar el “trabajo” para el que fueron “reclutados”, presuntamente por encargo de Medina Sonda. Molina Canto estuvo casada con Medina Sonda, socio a su vez de José Manuel Saiz Pineda, extesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo. En medio de una disputa legal que comenzó desde 2010 por la custodia de los tres hijos que ambos procrearon, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra Emma Gabriela y su madre, Ligia Canto Lugo, quienes fueron encarceladas en diferentes circunstancias. Ema Gabriela fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños. La víctima fue detenida por primera vez el 25 de mayo de 2012, acusada del delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando estaban casados, pero no lo puso a su nombre. El momento de la captura fue aprovechado por aquel para raptar a los niños, quienes en ese momento viajaban con su madre. Molina Canto inició una tortuosa lucha contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que Emma estuvo presa, su madre continuó el peregrinar legal. Incluso ambas encararon al entonces presidente Enrique Peña Nieto para exigir justicia. Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años de edad– en todo el país. Días antes la abuela fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer. Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 24 de abril de 2017, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, lo vinculo a proceso por el delito de feminicidio agravado, luego de que se le acusó como presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión, que cumple en la cárcel tabasqueña donde está confinado. Por este crimen fueron detenidos los cinco involucrados. Hasta el momento sólo han sido sentenciados los dos sicarios, quienes se dieron a conocer mediante el video que ellos mismos grabaron en la alberca del hotel donde se hospedaron en Mérida, horas antes de perpetrar el asesinato. El otro implicado es el mexiquense Rogelio César Reyes Barrueta, “Güero”, quien por su participación en el crimen recibió 70 mil pesos. Los tres aceptaron cooperar con la Fiscalía para tratar de reducir su condena revelando información del caso. Reyes Barrueta obtuvo la libertad por contribuir en la investigación y por su delicado estado de salud.