TOLUCA, Edomex. (apro).– El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entabló una queja contra el amparo promovido por Óscar Valdés, director de la asociación civil Abogados Sociales Progresistas, contra la designación de nueve notarios, realizada por el exmandatario Eruviel Ávila. La queja fue recibida el 19 de agosto pasado contra el número de expediente 985/2019, y en él se detalla que “el tercero interesado (los notarios impugnados) y el gobernador de la entidad” interpusieron el recurso de queja “contra el auto admisorio del 6 de agosto del año en curso”. Este recurso fue promovido por Alfredo del Mazo Maza y los fedatarios impugnados: Ricardo Giovann Arredondo Lino, sobrino de Erwin Lino, secretario particular del expresidente Enrique Peña; Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del exsecretario general de Gobierno, José Manzur; Erasto Martínez, secretario de Infraestructura de Eruviel Ávila Villegas, y Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador de Guerrero. También se quejaron Marcelo Rossetto, director jurídico de la empresa ICA; Francisco Xavier Borrego Hinojosa, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas; Lorena Gárate, hija del panista Francisco Gárate; Gustavo Fernández Sauri, exfuncionario del DIF de Veracruz y de la Consejería Jurídica de la Presidencia; y el pevemista Alejandro Agundis. La queja fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para su análisis y fallo. El Poder Judicial Federal dejó en claro que, “no obstante la interposición de los recursos de mérito, se continuará con el trámite subsecuente”, es decir, la demanda de amparo continuará su curso. Los nueve fedatarios fueron impugnados porque su nombramiento como titulares, a decir de Valdés Ramírez, ocurrió cuando se encontraban cuestionados por su designación como provisionales, pues presuntamente incumplían los requisitos establecidos en la Ley del Notariado y resultaban inelegibles. La demanda 985 de este año fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales con sede en Toluca, y pide declarar la nulidad de los nombramientos, supuestamente por violar los artículos 1, 14, 16, 17 y 95 constitucionales. Además, solicita la suspensión de las designaciones. Fue admitido también un segundo amparo promovido por el aspirante a notario, Gabriel Escobar. Además, existe una tercera demanda indirecta a la que se asignó el número de expediente 990/2019, entablada por la organización social Más Vida Más Igualdad A.C., que está en espera de definición, en virtud de que Breyman Labastida Martínez, ahora titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se excusó para resolverla por “enemistad manifiesta” en contra de una de las partes. Lo anterior, en virtud de que Oscar Valdés, entonces representante jurídico de Gabriel Escobar y ahora representante de Más Vida Más Igualdad A.C., solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indagar si una supuesta reunión con Sergio Medina, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), realizada el 26 de diciembre de 2017, tuvo alguna injerencia en la decisión del juez de sobreseer dos días después el juicio de amparo 1219 interpuesto por la designación de los mismos notarios como provisionales. Las tres demandas de amparo consideran que, con el acuerdo promulgado el 19 de julio pasado, Del Mazo Maza violentó el principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional, al nombrar unilateralmente a los fedatarios cuestionados bajo criterios subjetivos, con lo que además “menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de fe pública de una manera clara, trasparente e imparcial”. Los designados, refieren, carecen de experiencia notarial, no son profesionales del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de solicitud, ni realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México. Adicionalmente, plantean, se desconoce si les fue aplicado en tiempo y forma el examen para aspirante a notario y no hubo convocatoria para la designación, todos requisitos establecidos por la Ley del Notariado de la entidad para ser designados fedatarios provisionales. Los ahora nueve notarios titulares, refieren las demandas, de igual manera se encontraban cuestionados por los amparos de Teresa Hernández y Juan Carlos Ruiz, ambos concedidos, en etapa de revisión y con suspensión definitiva, por lo que ni siquiera tenían en el cargo al menos un año como provisionales.