ALLENDE, Coah. (apro).- Familiares de víctimas de la violencia rechazaron participar en la  ceremonia en la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador Miguel Riquelme ofrecieron una disculpa pública por la masacre de Allende, en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Las familias de FUUNDEC no necesitamos una disculpa que en nada alivia nuestro dolor, mucho menos lo sana; no contribuye en nada para salir del infierno que hemos vivido todos estos años”, argumentó la agrupación, una de las invitadas al evento realizado en la plaza principal del municipio de Allende. En un comunicado, la organización aseguró “no estamos dispuestas a que se justifique la desaparición con otro acto de simulación”. Además, dejó en claro que “aceptar una disculpa es aceptar que lo que ha pasado está bien, que tenemos que conformarnos y resignarnos a que no estén nuestros familiares”. La FUNNDEC sostuvo que no es normal que la gente desaparezca, por lo que se pronunció en contra de “actos protocolarios para la foto”. Y puntualizó: “Si bien una disculpa es un signo de reconocimiento de la responsabilidad por estos crímenes atroces que hemos padecido por más de una década, ésta no puede ser un acto aislado, ni inicial, debe integrar investigaciones claras, exhaustivas, independientes que permitan conocer la verdad, fincar responsabilidad de altos funcionarios que permitieron esta masacre”. En su intervención, la secretaria de Gobernación mencionó que hasta la fecha no hay claridad en el número de víctimas que fueron brutalmente asesinadas entre el 18 y 20 de marzo de 2011. “El Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido en Allende no se vuelva a repetir en ningún otro rincón de nuestro país”, dijo. Sánchez Cordero subrayó que ojalá “sirva esta disculpa pública para intentar en algo sanar y para no volver a repetir este tipo de acciones que tanto nos han dañado como sociedad”. Las investigaciones realizadas en México y Estados Unidos señalan que un error de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) provocó la masacre de unas 300 personas. La DEA había logrado con el principal contacto del grupo criminal los Zetas para distribuir la droga en Estados Unidos, José Vázquez, colaborara con ellos y que les entregara los números de los teléfonos móviles de los líderes Zetas Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, así como de Heriberto Lazcano, entre otros. Los números fueron entregados por la DEA a una unidad especial de la Policía Federal que trabajaba con ellos para la captura de capos del narcotráfico en México. Sin embargo, desde esa unidad le advirtieron a los líderes Zetas que alguien de su organización los estaba traicionado. En venganza, los líderes Zetas se fueron contra las familias, sus trabajadores y amigos de dos de sus integrantes de Allende responsables del trasiego de drogas, identificados como Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán. Entre el 18 y 21 de marzo, unos 200 sicarios provenientes de Tamaulipas arribaron en unas 45 camionetas que fueron escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal. Testimonios de los pobladores narraron que en esos días fueron “levantadas” más de 80 personas en Allende y decenas más en Piedras Negras, Nava Múzquiz, Monclova y otros municipios del norte de Coahuila. Las víctimas suman más de 300 y además, unas 45 viviendas en la región fueron destruidas e incineradas. La masacre de Allende pasó de largo durante más de un año y medio por las autoridades de Coahuila y por mandos de la Policía Federal, PGR y del Ejército Mexicano que conocieron en su momento los hechos.