GUANAJUATO, Gto., (apro).- El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, expresó “su plena certeza” de que el exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete fue quien lideró la banda que en la última década perpetró secuestros de alto impacto en San Miguel de Allende y otras localidades del estado, entre ellos el de Diego Fernández de Cevallos. El pasado viernes 14, Escobar Poblete, conocido en San Miguel de Allende como Ramón Alberto Guerra Valencia, fue sentenciado por un tribunal a 60 años de prisión, tras ser encontrado culpable del secuestro de la ciudadana extranjera Nancy Michelle Kendall, entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2017. Los defensores del chileno anunciaron que en los próximos días impugnarán la sentencia ante una segunda instancia. Escobar Poblete, actualmente de 56 años de edad, también enfrenta un proceso de extradición solicitada por el gobierno de Chile, que lo acusa de cometer un acto terrorista donde murió el senador pinochetista Jaime Guzmán. Conocido como “Comandante Emilio”, el acusado interpuso un juicio de amparo contra la extradición, que actualmente está en desahogo. En conferencia de prensa, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre afirmó que Escobar Poblete fungió como líder de una banda en la que incluyó a su exesposa, la chilena Marcela Mardones –que huyó de San Miguel de Allende después de la detención de Escobar, el 30 de mayo de 2017, pero fue capturada y sentenciada en Chile--, y a su actual pareja, la española Isabel Mazarro, quien se encuentra en España. La fiscalía pidió la extradición de Mazarro, pero fue negada por un tribunal de España. “Lo hacemos público (el caso), esperando que las víctimas de otros casos, si en su momento no denunciaron, ahora lo hagan”, dijo Zamarripa Aguirre. El funcionario estatal enumeró características de un mismo modus operandi identificado en esa banda de secuestradores, aunque aclaró que los otros casos fueron denunciados ante la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, y que es ésta la que lleva dichos procesos. Aseguró que, por investigaciones propias y detalles de los asuntos que la dependencia a su cargo pudo conocer de las carpetas en manos de las autoridades federales, se encontró que la presunta banda utilizaba vehículos no robados “que no dejaban rastro, y cuando se localizaban se encontraban completamente limpios, sin huellas dactilares”. Además, realizaba negociaciones muy complejas que no eran sólo por vía telefónica, “sino que realizaban comunicaciones más sofisticadas y con pocas posibilidades de ser rastreadas”, con exigencias de sumas exclusivamente en dólares y millonarias. Las víctimas permanecían privadas de su libertad entre siete meses y un año y seis meses, según los casos que fueron denunciados e investigados, además de que permanecían encerradas en un cajón de reducidas dimensiones y cubiertos de “una tela muy peculiar”, con alimentación esporádica; “todo ello provocaba que la víctima se encontrara en infrahumanas condiciones, empleando incluso técnicas de guerrilla que tenían como objetivo quebrantar la voluntad humana y ampliar el sufrimiento”, dijo el fiscal. También mencionó que los secuestradores se presentaban ante las víctimas “encapuchados, siempre cubiertos del rostro y cuidando que sus manos también se hallaran cubiertas, usaban guantes”. El fiscal mostró algunas imágenes de la casa ubicada en Circuito Azucena 22, en el fraccionamiento La Vista de San Miguel de Allende, donde permaneció cautiva la víctima, así como de la gasolinera en la que fue capturado Escobar cuando conducía su camioneta. La captura de Raúl Emilio o Ramón Alberto Guerra, añadió, fue posible porque “con paciencia se comenzó a tejer un operativo que a la larga dio resultado, pues se tenía una presencia operacional y personal”. La Fiscalía también acusa a Ricardo Palma Salamanca, conocido en San Miguel como Esteban Solís, otro exguerrillero integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, igual que Raúl Julio Escobar y Marcela Mardones, quien logró huir a Cuba y de allí a Francia, donde obtuvo asilo político.