CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A raíz del asesinado de Otilia Martínez Cruz y de su hijo Gregorio Chaparro en una ranchería de la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la directora de la Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz, exhortó a las autoridades federales y estatales a voltear la mirada a esa región del Triángulo Dorado golpeada por el crimen organizado. Y es que, dice, ese punto de la Sierra Tarahumara se ha convertido en tumba de defensores de la tierra. “El crimen de Otilia y de su hijo es uno más de los muchos que se han perpetrado en la comunidad de Coloradas de la Virgen”, dice. Incluso, refiere que la mujer de 60 años asesinada era familiar de Julián Carrillo Martínez, quien, a pesar de contar con medidas cautelares por parte del mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de derechos Humanos, fue acribillado el 24 de octubre del año pasado.

“Hemos informado al gobernador y al fiscal que en esa comunidad el crimen organizado está dejando sin nada a los pobladores. Les están robando las pocas cosas que tienen. La gente está muy asustada. Las pocas familias que resisten, que no han sido desplazadas, se está quedando paulatinamente sin nada. El Estado de Derecho está totalmente ausente”, sostiene Isela González.

Hasta ahora, lo único que se sabe de los autores materiales de la muerte de Otilia y de su hijo Gregorio es que uno de ellos responde al nombre de Ramón Muela Loera, quien junto con dos de sus cómplices irrumpieron en la casa de la mujer en la ranchería El Chapote para arrancarles la vida, según el testimonio de un testigo. En el lugar encontraron seis casquillos percutidos de armas con calibre 7.62 × 39 y uno más percutido, calibre .223.