ENSENADA, B.C. (proceso.com.mx).- Guillermo Titi Ruiz Hernández, abogado corporativo del empresario mexiquense Jorge Hank Rhon, así como del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de quien además es compadre, es el primer Fiscal General de Baja California.

Además, según narró Jaime Bonilla a medios de comunicación en Tijuana, Ruiz Hernández se suma al gabinete del nuevo gobierno porque así lo sugirió al hoy gobernador, en marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, la XXIII Legislatura del estado también aportó su granito de arena para concretar la llegada de Ruiz Hernández a la nueva fiscalía.

Los diputados aprobaron con dispensa de trámite, el pasado 10 de octubre, la reforma constitucional que crea la Fiscalía General del Estado, dictamen que se publicó 13 días después en el Periódico Oficial del Estado.

La reforma permite a Ruiz Hernández hacerse cargo de la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía General del Estado que suplió a la desprestigiada Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es un órgano autónomo “con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”, que ejercerá atribuciones de Seguridad Pública.

Para ejercer a cabalidad sus funciones, el compadre del gobernador, quien sobrevió con heridas leves –el 10 de noviembre de 2016- a un atentado en donde desconocidos detonaron en su contra al menos 40 tiros de armas de diversos calibres, deberá crear:

1.- El Centro Estatal de Inteligencia, compuesto por la Fiscalía General y las Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de seguridad pública.

2.- Desaparecer, en un plazo máximo de seis meses contados a partir 23 de octubre, a la desprestigiada Policía Estatal Preventiva (PEP), por lo que la fiscalía bajo su responsabilidad deberá instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la Guardia Nacional.

Ayer por la madrugada el Congreso de Baja California confirmó a Guillermo Ruiz como Fiscal General del Estado. Le otorgó un mandato de 5 años en atención a la reforma constitucional local que amplió a ese plazo el gobierno del morenista.

En voto cerrado depositado en urna (cédula), 23 de 25 diputados votaron a favor del jurista.

Sus oponentes en la terna que Jaime Bonilla entregó al congreso para la elección -Hiram Sánchez Zamora y Jorge Alberto Álvarez Mendoza-, sólo obtuvieron 2 votos: el de las legisladoras panistas Loreto Quintero, Oficial Mayor en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, y Eva María Vásquez Hernández, quien logró la reelección en la curul por la vía plurinominal.

La sugerencia de AMLO

En mayo, pocos días antes de la jornada electoral del 2 de junio, Jaime Bonilla, entonces candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California que integraron Morena y los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Transformemos, narró cómo el presidente López Obrador, en su visita al estado los días 26 y 27 de marzo, “le sugirió” incorporar al hoy Fiscal General del Estado en un futuro gabinete.

“Lo invitó (a Guillermo Ruiz) el señor presidente. Le dijo: ‘quiero que estés en el gabinete, seguro Jaime te va a invitar’. Y le dije (a López Obrador): claro que sí, presidente”.

Ante la interrogante de si el mandatario iba a meter gente en su gobierno en caso de que ganara la elección del 2 de junio, Bonilla contestó: “Sí, el presidente me va a sugerir y, con todo respeto, le tengo mucha admiración. Así que si él me recomienda a alguien es porque va a responder”.

Reveló también que el presidente le dijo a Guillermo Ruiz: “Tú le puedes ayudar mucho a Jaime en el gobierno, y yo creo que seguramente te va a considerar.” Inmediatamente después, Bonilla manifestó: “No sé si (Ruiz Hernández) acepte, pero es un muy buen consejero. A mí, como mi abogado, siempre me ha dado buenos consejos”.

Entre los consejos que le dio a su compadre, el abogado incluyó uno en abril de este año: armar la estrategia legal para ampliar el periodo de mandato en Baja California de dos a cinco años para esta elección, según lo narró el mismo morenista a la prensa.

Y el 15 de junio, una vez ganador de la elección estatal, el equipo de comunicación de Jaime Bonilla informó que “a la cabeza del equipo de transición –con el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid–, y como integrantes del gabinete del próximo gobierno, se encontraban Guillermo Ruiz, Mario Escobedo Carignan y Amador Rodríguez, prospectos para encabezar las secretarías (sic) de la Procuraduría de Justicia del Estado, Desarrollo Económico y de Gobierno respectivamente.”

Viejas andanzas

La buena relación del hoy Fiscal General de Baja California y Andrés Manuel López Obrador no es nueva.

El 15 de abril del 2017, el Titi Ruiz recibió de López Obrador, cuando éste era presidente nacional de Morena, el nombramiento de coordinador de los despachos legales que Morena tiene en Estados Unidos para la defensa de los migrantes mexicanos, una figura civil conocida con el nombre de “Morena MIA” (Mexicanos Inmigrantes en América).

En un comunicado, López Obrador y su partido destacaron que Ruíz Hernández “tendrá como principal tarea evitar que los connacionales sean deportados ante las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump; y coordinará los nueve despachos que la asociación civil posee en territorio estadunidense.”

Se referían a las oficinas que Morena Mía tiene en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, El Paso, San Francisco, Phoenix, Denver, Washington y San Diego, a las que el despacho “Guillermo Ruiz Hernández, Socios y Asociados”, con matriz en Mexicali, atendería Pro Bono; es decir, “de manera voluntaria y gratuita.”

Pero el Titi no solo tiene una gran historia de amistad y trabajo legal con políticos connotados de Morena.

Por décadas trabajó como abogado corporativo de la familia del empresario mexiquense Jorge Hank Rhon, dueño del Grupo Caliente, accionista en el Grupo Financiero Banorte y expresidente municipal de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Regularmente asesor de los Hank en materia civil y mercantil, el apoyo legal de Ruiz Hernández al jefe de la familia cambió drásticamente cuando en junio del 2011 Jorge Hank Rhon fue capturado y encarcelado por policías federales y miembros del ejército en Tijuana, por la presunta posesión de un arsenal de 88 armas de fuego, acusación que superó tras 10 días de intenso litigio.

Pasaron 5 años en tranquilidad para el abogado hasta que fue objeto del atentado en Tijuana, del cual salió milagrosamente vivo y hoy no se tiene información de si fue oficialmente reportado e investigado.

Un par de meses después del incidente se unió al equipo político de Jaime Bonilla, a quien ya representaba legalmente desde hace al menos tres décadas, refiriéndose continua y públicamente entre ellos como “compadre”.

Ayer, luego de tomar la protesta en el congreso, Guillermo Ruiz aseguró que la Fiscalía General del Estado tendrá “una autonomía real con el gobernador”; que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en proceso de desaparición, tendrán trabajo en la Guardia Nacional si así lo desean; y que presentará su estrategia de trabajo el 8 de noviembre en Tijuana.