OAXACA, Oax. (apro).- Oaxaca ocupa el tercer lugar en embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes en el país, y el octavo en muerte materna, según las conclusiones del foro “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”, convocado este jueves por el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). Además, la Encuesta Nacional de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas destaca que 68.5% de las jóvenes indígenas de Oaxaca se casan entre los nueve y los 19 años, y 26% lo hacen a los 15 años o menos, cuando la edad promedio para el matrimonio en la población mexicana es de 21.8 años, de acuerdo con cifras de 2013. Con la finalidad de incidir en esta problemática, este jueves se realizó el foro convocado por GESMujer, que forma parte del proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Humano, Proyecto de Vida y Prevención del embarazo entre personas de 10 a 19 años”, dirigido a funcionarias y funcionarios de la administración pública local que brindan atención a niñas, niños y adolescentes. Entre los temas que se abordaron sobresalen las costumbres sociales y culturales de comunidades que promueven una edad más joven para casarse y para la maternidad, así como la prevalencia del machismo, las inequidades de género y la presencia de la violencia en la vida de las mujeres. Dichos temas se trataron desde una perspectiva de género, un enfoque intercultural y una visión de inclusión de los hombres desde las nuevas masculinidades, lo que permitirá visibilizar la problemática y las alternativas de intervención de una manera integral. También se mencionó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sólo 28.3% de las y los adolescentes sexualmente activos admitieron que usaban algún tipo de método anticonceptivo y 44% ningún método. Entre los adolescentes oaxaqueños, 55% informó que durante su primer encuentro sexual no usaron preservativo. En las mesas de trabajo se tocaron temas para identificar las barreras de acceso culturales, económicas, geográficas e institucionales que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos, con el propósito de generar propuestas de estrategias coordinadas que favorezcan el desarrollo humano, el diseño de un proyecto de vida y la prevención del embarazo entre personas de 10 a 19 años. Durante inauguración, los participantes manifestaron que “todo embarazo en una niña o adolescente debe verse como violencia sexual, y las autoridades asumir su responsabilidad de garantizar la interrupción legal, en vez de revictimizar y naturalizar una maternidad temprana que vulnera una gama de derechos”. La presidenta de GESMujer, Angélica Ayala Ortiz, hizo saber la importancia de invertir en la prevención de embarazos en la infancia o adolescencia. Una inversión estratégica que, dijo, debería estar orientada al desarrollo de las capacidades de esta población, a fin de que contribuyan a la consolidación de una sociedad en la que tienen derecho de participar en igualdad de condiciones. Ayala Ortiz mencionó que medidas como la entrega de becas para que adolescentes embarazadas o madres jóvenes concluyan su educación básica son acciones prácticas, sin embargo, se requieren otras que sean estratégicas e integrales para que incidan en la transformación de las condiciones de desigualdad y pobreza, donde la maternidad es el único rol de una mujer, sobre todo en comunidades donde se valora y se alientan las uniones y maternidades tempranas, cuando es una grave violación a los derechos de las niñas y adolescentes. En su oportunidad, la investigadora Lina Rosa Berrio destacó que diversidad no es sinónimo de desigualdad, y urgió a fortalecer el espacio de lo comunitario, porque ahí hay mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres y para que puedan tomar sus propias decisiones. “Ese trabajo necesita respaldo”, abundó. De igual manera, pidió dejar de considerar que por ser indígenas las personas son pobres, y resaltó que cada vez que una niña o adolescente llega con su madre a una unidad de salud, con un embarazo en curso, el personal médico debe informarle que tiene derecho a la interrupción legal, porque seguramente no saben que es una situación de violencia. “Hay responsabilidades institucionales, y si no se les oferta la interrupción legal del embarazo estamos violando derechos por omisión”, insistió. En ese sentido, la psicóloga social y maestra en educación sexual Aurea Ceja Albanes expuso que cuando hay una diferencia importante de edad entre el padre de la hija o hijo de una niña o adolescente, está clara la presunción de violencia. “Todo embarazo en la adolescencia y la infancia tendría que estar acompañada de la presunción de violencia sexual, porque el planteamiento fundamental es si las niñas menores de 14 años pueden dar su consentimiento pleno para tener relaciones sexuales”, ya que las cifras indican que seis de cada 10 madres menores de 14 años fueron embarazadas por hombres adultos de entre 19 hasta 78 años. Sobre la implementación de la interrupción legal del embarazo, a raíz de la reforma aprobada el pasado 25 de septiembre en la entidad, el director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor Sill, admitió que debe seguirse capacitando y sensibilizando al personal para que sepan que no deben poner barreras. “Se está trabajando sobre la posibilidad de crear una unidad médica especializada para la atención legal del embarazo”, adelantó. Finalmente, el psicólogo Esteban Schmith Bello expuso que muchos de los embarazos adolescentes tienen que ver con relaciones de poder y de cómo construyen la sexualidad “incontrolable” los hombres. Asimismo, lamentó que para las autoridades no sea prioridad trabajar con ellos, a pesar de que son los responsables de la violencia y también pueden ser quienes la frenen, dadas las implicaciones que tienen para los embarazos forzados en la etapa de la adolescencia.