ENSENADA, B.C. (apro).– Por espacio de 20 meses, la anterior Legislatura obstaculizó un dictamen de la Auditoría Superior del Estado en el que se denuncia el desvío millonario de recursos federales realizado por un exalcalde de Ensenada. Se trata del priista Gilberto Hirata Chico, presidente municipal de 2013 a 2016, quien desvió recursos públicos etiquetados por 168.9 millones de pesos, que representaron el 88.2% de los apoyos federales que recibió en su último año de gobierno. Además, el actual representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido en Morelos, malversó 50.1 millones de pesos de recursos públicos que uso en 2016 para liquidar a 19 empleados municipales y en “Ayudas Sociales a Personas”. Esa cantidad significó el 83% de los recursos que aplicó en ambos programas, además de que su gobierno no presentó evidencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) validó la compra y entrega de 300 cargadores para diversas armas largas usadas por la policía municipal de Ensenada. Estas irregularidades fueron denunciadas por la Auditoría Superior de Baja California en febrero de 2018, pero el Congreso se tardó 20 meses en revisarlas. Además, sólo se utilizó uno de los informes para denunciar penalmente a Hirata Chico, a su tesorero, síndico y a su directora de Infraestructura Samuel Aguilar Jaime, Iván Barbosa Ochoa y Jesús Rocha Martínez, respectivamente. De acuerdo con documentación de la Auditoría en poder de Apro, los fondos que fueron burlados por el gobierno de Gilberto Hirata en 2016 fueron: El Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISM-DF). También se engañó a la Secretaría de Cultura y dos veces al Ramo General 23 en su programa “Provisiones Salariales y Económicas”. Igualmente, la administración del también exdiputado federal hizo pagos improcedentes en la liquidación de 19 empleados de confianza por un total de dos millones 748 mil 280 pesos, al sumar en su retiro el equivalente a 3 meses de sueldo, 20 días por año de servicio y otras prestaciones no acreditables por la naturaleza de la separación laboral. Y asignó 47.4 millones de pesos en “Ayudas Sociales a Personas” sin aplicar el procedimiento de licitación pública, sin abrir los expedientes sociales que acreditaran fehacientemente la entrega-recepción de los bienes/insumos a la población beneficiada, y sin hacer por lo menos tres cotizaciones para comprar los servicios requeridos a mejor precio. De acuerdo con los documentos del auditor estatal, el ayuntamiento recibió de la Federación en 2016, a través de distintos fondos etiquetados, 190.5 millones de pesos. De ellos, utilizó 168.9 millones (88.2% del total) en gasto corriente, fundamentalmente pago de nómina. Por ese motivo, el ayuntamiento canceló, entre otras, obras y acciones de gobierno, la edificación de bibliotecas públicas, la construcción de una ciclovía en la ciudad de Ensenada y la instalación de miles de bebederos en las escuelas de educación primaria del municipio. En el caso de la Secretaría de Cultura, no se rehabilitó el edificio del Archivo Histórico de Ensenada, y el perjuicio al Ramo 23 impidió la ejecución de obras y proyectos sociales de desarrollo regional como la pavimentación de vialidades, construcción de subestaciones de bomberos y la rehabilitación de gimnasios en unidades deportivas en seis delegaciones municipales. En la documentación de la Auditoría estatal igualmente quedó constancia de que el gobierno del priista, hoy inhabilitado por la Sindicatura local a desempeñar cargos públicos por 10 años, contados a partir de agosto del 2018, y en espera de un juicio penal por desvíos que hizo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 26.5 millones de pesos, simuló operaciones de contratación de obra e incluso pagó por adelantado a contratistas. Todas estas anomalías fueron del conocimiento de la entonces presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la pasada Legislatura la número 22, Eva María Vásquez Hernández, el 28 de febrero del 2018. Sin embargo, fue hasta septiembre de este año que el nuevo Congreso analizó en comisiones el reporte del auditor estatal y, un mes después, lo sancionó para remitirlo a la Contraloría del estado y a la Sindicatura de Ensenada, bajo titularidad política de Morena y su aliado Partido del Trabajo (PT), en donde actualmente se analiza si se procederá a una sanción administrativa o se turnará a la Fiscalía General del Estado.